El exjuez español Baltasar Garzón y Carlos Poveda, en una rueda de prensa en Quito, anunciaron que la acción está “basada en la vulneración de sus derechos con respecto a la restricción de telecomunicaciones e implementación unilateral del denominado ‘Protocolo especial de visitas, comunicaciones y atención médica’”.

Según un documento entregado a los periodistas, la acción de protección fue presentada en el Complejo Judicial Norte de Quito ante los jueces competentes.

Según Garzón, Assange recibió el pasado 13 de octubre un “Protocolo especial de visitas, comunicaciones y atención médica”, compuesto de 32 disposiciones específicas, un documento que “jamás” se consensuó y en el que no constan ni sellos ni firma de responsabilidad.

“Se trata de una actuación unilateral y, desde nuestro punto de vista, arbitraria”, señaló.

De acuerdo a la ley. Frente a las denuncias del equipo de defensa del australiano, el canciller José Valencia aseguró, en las que son sus primeras declaraciones sobre el protocolo, que este cuenta con pleno respaldo judicial. 

“Cuenta absolutamente con todo el respaldo judicial (y) legal del caso. Es un protocolo adoptado conforme a estándares internacionales y a la ley ecuatoriana”, aseguró.

El ministro también dijo que responderán a la acción legal interpuesta por Garzón “de una manera adecuada y con apego al derecho que sigue el Gobierno nacional y que sigue la Cancillería”.

“Contamos con absolutamente todo el respaldo judicial del caso ya que es un protocolo adoptado conforme a estándares internacionales y a la ley ecuatoriana”, insistió.

El canciller Valencia recordó que la embajada en Londres (Reino Unido) tiene una “jurisdicción clarísima”, la del Estado ecuatoriano, y por tanto el país tiene “el derecho de proteger sus oficinas, a los funcionarios que trabajan ahí e incluso al propio señor Assange”.

“El protocolo está enfocado en ese sentido”, subrayó Valencia.