Si bien el Gobierno ha decidido emprender un plan para optimizar a estas entidades, lo recomendable es que traslade su manejo a manos privadas. El Estado debe dedicarse a mejorar la vida de sus habitantes, a satisfacer sus necesidades, a impulsar el desarrollo de la nación; no al manejo empresarial, pues, en gran parte de los casos, ha demostrado ser un mal administrador.

Por años se ha fundado empresas públicas que no generan utilidades o pasaron a trabajar a pérdida. Para muestra, dos botones:

La empresa farmacéutica pública Enfarma EP, creada en el año 2009, no produjo medicamentos y eso la llevó a un proceso de disolución.

Flopec, cuya misión es el transporte de hidrocarburos, incursionó en actividades de construcción y ha generado pérdidas por más de 74 millones de dólares entre el 2017 y julio del 2018.

En ambos casos, las pérdidas fueron cubiertas con fondos del presupuesto general del Estado, en detrimento de la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.

En el país hay 22 empresas públicas que dependen del Estado. Se dedican a diversas actividades: desde la producción de prendas de vestir hasta la construcción de viviendas, pasando por el entrenamiento de deportistas, transportes, bancos y hoteles.

También hay las de tipo local o regional, manejadas por entidades autónomas y seccionales, que bien pudieran entregarse en concesión o venderse a la empresa privada.