Además de lanzar una investigación por todo el país, el gobierno, las cadenas de tiendas y supermercados han empezado a implementar una serie de medidas tanto para disuadir a potenciales delincuentes de adulterar las frutas como para calmar a los consumidores.

El gobierno anunció que estaría introduciendo castigos criminales más severos contra quienes se descubran comprometiendo la integridad de los productos comestibles.

El primer ministro Scott Morrison declaró que los culpables podrían enfrentar condenas de cárcel de 15 años.

Según el ministro, las nuevas penas estarán a la par con las de crímenes como la pornografía infantil y la financiación del terrorismo.

“Así de serio es como lo toma nuestro gobierno”, dijo Morrison el miércoles, al exhortar al Parlamento a aprobar las nuevas leyes.

Actualmente, la máxima sentencia por contaminar alimentos es de 10 años. La opositora bancada laborista manifestó que apoyaría el cambio en la legislación.

Y, paralelamente, tiendas y supermercados también están tomando acción para combatir la crisis y calmar el miedo.

La gigante cadena australiana Woolworth’s, por ejemplo, retiró temporalmente las agujas de sus estanterías como medida de seguridad, señalando que el bienestar de sus clientes era su principal prioridad.

“Hemos tomado el paso cautelar de retirar temporalmente de la venta las agujas de coser en todas nuestras tiendas del país”, le dijo un vocero del supermercado a la BBC.

Algunos cultivadores de fresas también aseguran que los temores del público han sido alentados por la histeria y por una reacción exagerada a la situación.

El pánico ha generado la retirada de la fruta del mercado y varias tiendas no las tienen en oferta.