Las sanciones que las autoridades de los planteles pudieran establecer no son suficientes medidas y, más bien, podrían resultar contraproducentes y empeorar el problema si no hay seguimiento y controles adecuados.

El acoso es una forma de abuso, en cualquiera de sus modalidades. El más grave, podría decirse, es el acoso sexual, delito del cual se han registrado casos en escuelas y colegios de Manabí, y que han sido puestos en conocimiento de la justicia. Según datos del Ministerio de Educación, el 51 por ciento de los casos denunciados fueron perpetrados por los docentes.

Las cifras de UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) indican que seis de cada diez estudiantes de Ecuador han sido víctimas de violencia en sus escuelas o colegios.

Se trata de un problema grave, que demanda la intervención de grupos multidisciplinarios para analizar e ir solucionando cada caso, con medidas adecuadamente analizadas para cada uno. Maestros, psicólogos, padres de familia, estudiantes y autoridades educativas deben converger en la búsqueda de protocolos adecuados para evitar la revictimización de los afectados y la adopción de medidas que pudieran derivar en nuevos actos de violencia, pues muchas veces los padres aconsejan el contraataque o actúan por ellos mismos.

Con frecuencia, las raíces están en los hogares, pues los agredidos pasan a ser agresores al cambiar de entorno.

La erradicación no puede ser de la noche a la mañana, pero sí se debe ser constantes en la lucha contra estos problemas.