Esta conducta tan injusta y torpe –como afirmar que el ex presidente Correa “se llevó siete mil millones de dólares”- es preocupante porque quien efectuó tal afirmación es un abogado. Aparte de evidenciar una deplorable preparación “profesional”, él es producto de esa gran maquinaria occidental que se llama “medios de comunicación “, con las excepciones de rigor, que con una gigantesca campaña de mentiras pretende crear una sociedad de idiotas, una colectividad que acepte como verdad la engañosa información que nos suministran, ciudadanos que se comporten con mentalidad de esclavo.

Lo dijimos una vez, pero lo repetiremos mil veces por contener una incontrovertible sabiduría: “La esclavitud es la hija de las tinieblas; un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción” (Simón Bolívar); y algo más: “El hombre sólo puede ser esclavizado cuando es bastante débil para escuchar la verdad” (Bernard Shaw).

 El tema que ha servido de base para procurar oscurecer y desprestigiar por completo la inmensa obra pública ejecutada por el gobierno de Correa, es el caso de los sobornos de Odebrecht en trece países latinoamericanos. 

Claro que los presuntos autores que recibieron dinero por sobornos, coimas o concusión deben ser juzgados con absoluta imparcialidad y, de ser culpables, aplicarles la pena contemplada en la ley; pero hasta que eso no ocurra todo ciudadano goza de la garantía  contemplada en el nral. 2 del art. 76 de la Constitución del Ecuador, cuyo texto es el siguiente: “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”. 

Sentencia ejecutoriada quiere decir, compañero lector, que durante la tramitación de la causa se probó - sin lugar a duda alguna – su participación en el hecho delictivo, y, como se sustanciaron todos los recursos contemplados en la ley, confirmando en cada una de esas instancia la sentencia condenatoria expedida por el inferior, ya el sentenciado no tiene derecho a presentar ningún recurso, y eso es lo que se denomina doctrinariamente sentencia ejecutoriada; mientras no se haya cumplido el indicado trámite procesal, es injusto, ilegal y torpe endilgarle a un ciudadano la autoría de un delito.

En el caso concreto de los sobornos, coimas y concusión pagados por la empresa corrupta y corruptora aquí en Ecuador, los funcionarios que participaron en la comisión de estos delitos recibieron el dinero salido de las arcas de Odebrecht, jamás- en este caso específico- el Estado ecuatoriano sufrió perjuicio económico alguno.