No hay que olvidar que en parte de su contenido la LOTAIP señala que la información pública pertenece a los ciudadanos y que el Estado debe garantizar el libre acceso a ella, salvo las excepciones que señalan las leyes. Dicho de otra forma, para que un documento sea considerado reservado o restringido debe reunir ciertos requisitos legales; de lo contrario, si la decisión la toma un funcionario, constituye una restricción a un derecho ciudadano.

Lo mismo ocurre cuando se inobserva la disposición de que se difunda información institucional en las páginas web de las entidades del sector oficial. En algunos casos los datos no constan, están incompletos o desactualizados.

El organismo llamado a ejercer el control y garantizar que se cumpla es la Defensoría del Pueblo, cuyas funciones en este campo son la promoción, la vigilancia y las garantías.

Los ciudadanos también tienen derecho a solicitar por escrito que se les proporcione datos públicos de su interés, y la ley señala los plazos en los que deben ser atendidos. También indica las sanciones que pueden aplicarse a quienes nieguen tal derecho.

El espíritu de esta ley es garantista. En tiempos en que las denuncias de supuestos casos de corrupción se presentan a diario, el país requiere un baño de verdad y transparencia.