Las empresas del Prefecto de Manabí, según Contraloría, recibieron 34’075.701 dólares y, además, se habrían realizado pagos no contemplados en el contrato por $ 335.695 porque no se verificó el cumplimiento de la cláusula contractual.

Las compañías en las que figura el funcionario como accionista mayoritario, según el informe de la Contraloría, son las empresas Marzam y Marítima de Comercio (Mardcomsa).

Defensa. Charly Vera, uno de los abogados del prefecto, informó que aún esperan la notificación de la Contraloría a sus casilleros.

Zambrano, en cambio, no se pronunció respecto al informe de la Contraloría que estableció indicios penales en su contra. 

Francisco Bravo, uno de los querellantes junto al exasambleísta Leonardo Viteri Velasco y el jurista Marcelo Farfán, asegura que presentó la denuncia por perjurio contra el actual prefecto. 

Bravo, quien fue candidato a la prefectura de Manabí en el 2014, dijo que denunció a Zambrano por perjurio debido a que para inscribirse a la reelección declaró bajo juramento no tener impedimento legal, según declaraciones recogidas por El Telégrafo.

El 16 de agosto, Zambrano acudió a la Fiscalía a rendir su versión dentro del proceso por actos de corrupción que se sigue en su contra y de su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano Vera. 

La denuncia fue presentada por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio.