El plazo para que el Ejecutivo se pronuncie sobre la aprobación o veto parcial o total se cumplía este viernes. 

La propuesta del Gobierno tiene siete objetivos u ejes, según lo anunció el presidente Lenín Moreno: incautar los bienes a los corruptos, facilitar la recuperación del dinero mal habido, quitándolo a quienes lo robaron, agilitar los procesos de repetición (cobrar a los funcionarios responsables el manejo de los dineros públicos).

El siguiente es dar una recompensa a quienes brinden información cierta y comprobable sobre dónde puede estar el dinero y los bienes que fueron robados y el quinto consiste en facilitar que aquellos que participaron en un soborno puedan denunciar (por una sola vez y sin sanción) a los funcionarons que agarraron estos recursos. 

El sexto es proteger a los denunciantes de cualquier tipo de acoso y el séptimo propone que quienes tengan a su nombre bienes que no les pertenezcan tendrán un plazo de noventa días para informar quienes son los verdaderos propietaron, si lo hacen es ese plazo no serán castigados. 

Una de las acciones anticorrupción que propone el Gobierno es poner a disposición de la ciudadanía la línea 1800-Delitos para brindar información sobre bienes mal habidos y testaferros.