Edwin Romero, abogado de la familia de Froilán Jiménez, el policía que fue asesinado de un disparo en la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S), anunció ayer que ha llegado a su poder un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el que se confirma que para la evacuación presidencial de Rafael Correa estaba prohibida la utilización de armamento letal.
En dicho informe se revela que ese día el personal debía emplear el uso progresivo de la fuerza, y solo una parte podía llevar armamento letal.
Explicación. Según Romero, esta disposición explícita forma parte de las conclusiones del informe del general de Brigada Jorge Peña, quien cumplía el denominado 30-S las funciones de director de Operaciones del Comando.
“Solo armamento no letal debían haber ocupado las Fuerzas Armadas ese día”, aclaró el abogado.
También cree que esta información debe ser enfrentada a las versiones que dieron los oficiales del Ejército procesados en este caso: Wilson R. y Vicente N., pues, en especial uno de ellos, habría aceptado de manera abierta que el 30 de septiembre del 2010 disparó un fusil HK con munición 2.23.
Debido a que en el documento, que está en manos de la defensa de la familia Jiménez, también se señalaría que el presidente de ese entonces Rafael Correa, mediante contacto telefónico, dispuso al ministro de Defensa, Javier Ponce, que se procediera a rescatarlo, Romero cree que el fiscal Fabián Salazar debería convocar al exmandatario, quien reside en Bélgica, a rendir versión.