De acuerdo con las cifras oficiales, en los primeros siete meses del 2018 este organismo aprobó 569 millones de dólares en crédito, un 75 por ciento más que en el 2017, cuando hubo un monto de $ 267 millones.

Los sectores manufacturero, agropecuario, de la construcción y pesquero aparecen como los beneficiados.

Sin embargo, los mismos datos señalan que la mayoría de esos créditos fue para empresas de Quito y Guayaquil.

En el caso de Manabí, provincia en la que muchos pequeños productores todavía no logran superar las severas afectaciones que dejó el terremoto sufrido hace 29 meses, la necesidad de créditos para la reactivación económica es parte de la severa realidad que a diario se vive en las calles.

Las disposiciones para el otorgamiento de las garantías no suelen estar del lado de los que menos acceso al dinero tienen y que son los que más necesitan recursos para trabajar y recuperarse económicamente.

No es por mala voluntad, sino que así están determinadas las condiciones.

Frente a esto, la CFN, BanEcuador y las demás entidades financieras del sector público deberían buscar apoyo en los legisladores para revisar las normas y buscar la manera para que los recursos lleguen a los pequeños y medianos empresarios.

De otra forma, la concesión de créditos seguirá en manos de grandes empresas, sin llegar a quienes tienen mayor necesidad del llamado fomento productivo.