La propuesta. Este documento, que fue elaborado en varios talleres y foros, se entregó a los concejales para su debate y aprobación en la cámara edilicia ibarreña, informa diario El Comercio. 

Previamente, indígenas y afrodescendientes desfilaron por las calles céntricas de la capital de Imbabura, para pedir que se apruebe antes del 12 de octubre. Esa fecha coincide con el Día de la Interculturalidad y de la Plurinacionalidad.

La propuesta jurídica apunta a una convivencia más armónica entre pueblos y nacionalidades que cohabitan en la ciudad de Ibarra, explica Iván Pabón Chalá, representante de la Red de Etno Educación.

Pabón se refiere a que en este cantón, que abarca un territorio de 1.162 km², cohabitan mestizos, kichwas karankis, imbayas, natabuelas, indígenas awá y afroecuatorianos.

De acuerdo con esta composición étnica, 16.007 personas que se autoidentifican como indígenas son el segundo grupo con más población detrás de los mestizos, que son los más numerosos. Luego están los afrochoteños.

El proyecto de Ordenanza de Pueblos y Nacionalidades, como más le conocen, surgió luego de la promulgación de la Agenda Social para la Igualdad con Enfoque de Derechos Humanos, comenta Hilda Herrera, presidenta encargada del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Ibarra.

Ahora, la propuesta busca reconocer a escala cantonal los derechos intrínsecos de los grupos étnicos en los ámbitos político, económico y social. Además, su cultura, prácticas y tradiciones espirituales, su cosmovisión, especialmente en relación con su territorio, que promueva y garantice el pleno ejercicio de los derechos colectivos, asegura Herrera.

Lo interesante es que ese proyecto recoge no solo preceptos constitucionales, sino conceptos de los pueblos ancestrales, asegura Miguel Farinango, representante del pueblo kichwa al consejo consultivo del ente cantonal. Él se refiere a temas como la autonomía, territorios, autoridad, tierras, agua, educación.

 

Debe haber compromiso. Para Emilio Guamán, del Consejo de Gobierno del Pueblo Karanki, es necesario que haya un compromiso de las autoridades locales por promover el uso de lenguas originarias, como el kichwa y el awá pit, en los servicios públicos.

Incluso, plantean que la municipalidad cree un departamento de planificación lingüística que sea el responsable de establecer políticas y programas para la protección, uso y fortalecimiento de las lenguas.

Otro de los planes es que la empresa municipal de vivienda incluya como beneficiarios de los proyectos habitacionales a personas de los pueblos indígena y afroecuatoriano, que aún no posean una casa propia o que esté en malas condiciones.

Esa es una de las iniciativas que más llamó la atención del concejal Ramiro Páez, y que la considera viable.