“Los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos que siempre trataron de obstruir las medidas que llevé adelante en beneficio de las grandes mayorías populares, de la actividad económica en general y del desendeudamiento estructural de la Nación”, remarcó en la carta.

El escándalo de los sobornos ha dejado multitud de empresarios y exfuncionarios detenidos y salió a la luz por los cuadernos que un chofer del Ministerio de Planificación escribió durante más de una década, en los que contaba cómo llevaba bolsas con dólares que empresarios destinaban a miembros del kirchnerismo, entre ellos, supuestamente, Fernández y su fallecido esposo, Néstor Kirchner.

 

Misiva. En la carta, titulada “Sobre pijamas, dormitorios y decretos en la Argentina macrista arrepentida”, la exmandataria critica el proceso llevado a cabo por el juez Claudio Bonadio -que dirige esta y otras causas que la afectan y a quien ha recusado varias veces- y el “manejo extorsivo” que asegura se está haciendo de la figura del “arrepentido”.

Hasta ahora, son varios los empresarios ‘arrepentidos’ -figura legal que otorga beneficios penales para los que colaboren con la Justicia- y puestos en libertad condicional, entre ellos Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y expropietario de la constructora Iecsa, que declaró que fue presionado para aportar pagos a las campañas electorales kirchneristas.

Además, el exfuncionario Claudio Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales y también imputado colaborador, llegó a reconocer que le llevaba a Kirchner bolsos con dinero que recaudaba en las concesionarias viales y que en algunas ocasiones Fernández estaba presente.

La guinda la puso ayer Gabriel Romero, que afirmó que pagó 600 mil dólares para que Fernández firmara el decreto de extensión de la concesión a su empresa.