Los tres acusados habrían sido responsables además de la muerte de Jandyra Magdalena dos Santos, que fue descuartizada y carbonizada en 2014 después de someterse a un aborto en el local donde funcionaba la cuadrilla.

Después de doce horas de juicio, un tribunal popular de Río condenó al "falso médico" Carlos Augusto Graça a 26 años y 6 meses de cárcel por los delitos de homicidio, aborto -hasta en tres ocasiones, incluido el caso de Jandyra- y formación criminal.

También fueron sentenciados a 35 años y 6 meses de prisión Rosemere Aparecida, quien gestionaba el grupo, establecía el contacto con las pacientes y distribuía el dinero obtenido por los abortos, y Vanusa Vais, quien también lideraba la organización y recibió una pena de 15 años y 6 meses de cárcel.

El juez Gustavo Gomes Kalil, que presidió la sesión, destacó en la sentencia que la banda era "organizada", "sofisticada" y "con una compleja división de tareas" que le permitió "operar durante años en Río".

El grupo cobraba entre 2.000 y 5.000 reales (520 y 1.300 dólares) por cada aborto que realizaban y obtenían unos ingresos mensuales que rondaban el millón de reales (unos 260.000 dólares).

"El negocio explotaba el desespero de mujeres que se quedaban embarazadas y, por los más variados motivos, recurrían a ellos", indicó el magistrado en su dictamen y agregó que los procedimientos se realizaban sin las mínimas condiciones de seguridad sanitaria.

"No había médico, ni cirujano, ni anestesista ni un centro cuidados intensivos", destacó.

Asimismo, el juez resaltó que Jandyra Magdalena dos Santos fue asesinada cuando apenas tenía 27 años dejando huérfanas a dos hijas, de 9 y 12 años.

"La pérdida precoz y violenta de la madre causa un indudable daño a la psique de las niñas, que se vieron privadas para siempre de la preciosa convivencia materna, cuando todavía estaban en pleno desarrollo de sus personalidades", comentó.

Según la legislación en vigor en Brasil, el aborto sólo puede ser realizado en caso de violación, riesgo de muerte para la madre y cuando sea comprobada la anencefalia del feto, y aun así en todos los casos debe ser autorizado por la Justicia. EFE