Esta fue la primera normativa aprobada en el tercer mandato consecutivo del primer ministro, Viktor Orbán, después de su amplia victoria electoral del pasado 8 de abril.

La nueva ley fue aprobada por 160 votos a favor y 18 en contra, y castiga con hasta un año de prisión a quien ayude a una persona que haya entrado de forma ilegal en Hungría, si la vida de esa persona no está en peligro.

La normativa supone un paso más en la línea de las políticas de mano dura de Orbán contra la inmigración, a la que ha relacionado con el aumento del terrorismo.

La normativa adoptada en el Día Internacional de los Refugiados también castiga la ayuda a los inmigrantes irregulares dentro de una franja de ocho kilómetros desde la frontera o por beneficio económico.