Según Meza, la muerte de Gabela se debió a las denuncias que él había hecho sobre la compra de helicópteros indios Dhruv para la Fuerza Aérea del Ecuador. 

Durante una rueda de prensa en la Fiscalía General del Estado, Meza aclaró que un “tercer informe” entregado (por él) el 8 de julio de 2013 al presidente de un Comité Interinstitucional que investigaba el crimen de Gabela a manos de delincuentes comunes, fue mutilado.

Citado por la Fiscalía, Meza recordó que el caso aún se encuentra en indagación por lo que no ofreció más detalles, aunque reiteró que la muerte a tiros de Gabela “no fue producto de delincuencia común”.

Meza explicó que el caso se retomó por una llamada de Patricia Ochoa, viuda de Gabela, quien le cuestionó sobre el llamado tercer informe que “supuestamente” no fue entregado.

Además mencionó que el primer informe fue entregado en diciembre de 2012 y en este se detallaba el plan de trabajo de la investigación. El segundo entregado en  mayo de 2013, se establecía que la muerte de Gabela no fue provocada por delincuencia común.

“Por eso se hizo un tercer documento, porque el contrato exigía que se fundamenten cuáles eran los móviles y los autores intelectuales de este caso. 

Eso se hizo, se entregó y lamentablemente hoy ha desaparecido y no consta en ningún lado”, dijo.

El perito también dijo que el documento entregado por el Ministerio de Justicia y que ahora reposa en la Fiscalía tampoco es de su autoría, por eso no tiene ni su firma ni sumilla, por lo tanto no le pertenece.

Ante el cuestionamiento de por qué no había guardado una copia de ese tercer informe, el experto aseguró que una de las cláusulas del contrato que firmó con el Comité Interinstitucional, especificaba que él no podía conservar un duplicado.

El perito recordó que en 2014 recibió un correo electrónico escrito por Paola Carrera, en representación del viceministro de Justicia, César Augusto Ochoa, el cual pedía que se eliminen anexos y páginas de ese informe.

Para Meza, existió un intento de ocultar la verdad del crimen de Gabela, quien falleció el 29 de diciembre del 2010 producto de un disparo cuando estaba en el vestíbulo de su casa.

Meza, quien prevé quedarse en Ecuador hasta mañana, dijo que su intención es decir la verdad. 

De su lado, Patricia Ochoa, dijo al El Comercio que tras la comparecencia del perito Meza a la Fiscalía, quedan confirmadas algunas cosas.

“Detrás del asesinato de mi esposo estuvieron generales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, lo segundo es que fue un crimen organizado y el móvil fueron las denuncias sobre los helicópteros Dhruv”, resumió Ochoa.

Según la viuda, con el testimonio de Meza también se confirmó que hubo “ocultación de información” por parte de exfuncionarios del Estado sobre este caso y que los llamará a declarar a todos ellos, incluso al expresidente Rafael Correa, quien creó el Comité Interinstitucional para esclarecer el caso. 

Ramiro Román, abogado de Ochoa, confirmó que el proceso sigue en indagación previa y coincidió en que estarían involucrados generales de la FAE en la muerte de Gabela. También aseguró que hay “delito de Estado”.

Comité. En 2012, Rafael Correa creó un Comité Interinstitucional para investigar los hechos. 

El ente lo integraron ministros y funcionarios de Estado del actual gobierno, que en ese entonces también ejercían altas dignidades en el Ejecutivo.

La familia del excomandante también propone que esos ministros rindan testimonio sobre supuestos documentos del caso que habrían desaparecido. 

Además, mediante el abogado Román expresaron que aún no reciben la información desclasificada que anunció el presidente Lenín Moreno.

Jésica Jaramillo, exfuncionaria del Ministerio de Justicia, manifestó que Meza sí realizó un peritaje sobre el supuesto homicidio y que su declaración de hoy lo comprobará. 

Jaramillo fue glosada por la Contraloría debido a pagó por tres productos periciales, pero solo se encontraron dos. 

Sin embargo, ella afirma que sí se elaboraron todos y el restante es el de Meza.

Hasta donde se conoce el perioto había mantenido varias reuniones, todas de manera reservada para analizar el caso. 

Una de ellas se desarrolló el lunes en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio, allí se habría acordado crear una veeduría ciudadana, con juritas de alto nivel, para que sigan el caso que ha causado revuelo.