La ley que cursa en la Asamblea está aún en condiciones de recibir sugerencias, por lo que conviene que los sectores organizados o agricultores interesados, dedicados a su producción, comercialización e industrialización, aporten con ideas prácticas para que surja finalmente una ley positiva, que fomente el cultivo, el incremento de la productividad y la sostenibilidad de toda la cadena, para que quienes intervienen en ella tengan la certeza que es un  medio idóneo para mantener una actividad rentable que beneficie equitativamente a todos los eslabones, de tal suerte que los ingresos no sólo favorezcan a los elementos que participan en la comercialización, sino a los  más débiles que son los campesinos.

Pero es una gran ocasión para introducir en la futura ley disposiciones que corrijan defectos de una política agrícola que no arranca, como es el caso de la carencia de investigación agrícola que tanto daño ocasiona al país, pues el organismo  público que se encarga de ella sufre tremendas debilidades como es el haber perdido su autonomía administrativa, financiera y técnica que antes le caracterizaba y que fue eliminada de un solo tajo por una reforma legal impulsada en el régimen anterior, sacando de su junta directiva a los representantes de los agricultores, entre otros aspectos. Destaca en esas debilidades la poca o ninguna influencia en la solución de los problemas a excepción de sus recomendaciones respecto del control del moko, enfermedad grave que afecta las áreas plataneras del Ecuador.

Debe ratificarse la importancia de mantener la obligación de establecer los precios mínimos de sustentación, cuyo nivel debe incluir todos los costos directos e indirectos y dejar una utilidad razonable para los cultivadores que propenda a su bienestar, prosperidad y satisfacción de todas sus necesidades básicas y las de su familia.