Su matriz está en Manta, una ubicación geoestratégica -según analistas consultados por El Diario- al ser uno de los puertos más importantes del país.  

La decisión consta en el Decreto Ejecutivo número 6 firmado el 24 de mayo del 2017, exactamente hace un año, cuando asumió la presidencia Lenín Moreno. 

Lo dirige la ministra Katuska Drouet. A ese ministerio se adscribieron el Viceministerio de Acuacultura y Pesca, las unidades bajo su dependencia (Subsecretaría de Acuacultura, Subsecretaría de Calidad y Subsecretaría de Recursos Pesqueros) y el Instituto Nacional de Pesca. 

De acuerdos a los registros oficiales hasta abril pasado, 911 burócratas forman parte de aquel ministerio, cuya sede principal está en el Puerto Pesquero Artesanal de San Mateo, en Manta.

Solo en sueldos para esos funcionarios públicos se destinan anualmente 12 millones de dólares. Esto representa el 23 % del total de su presupuesto al año ($ 52 millones). 

Cobertura.  Este medio hizo un recorrido por varias zonas pesqueras de Manabí, como Tarqui (Manta) y Crucita (Portoviejo). Y en ellas los pescadores -sobre todo los artesanales- coinciden en que hay un tema de alta envergadura pendiente: el combate a la piratería. Una responsabilidad que, no obstante, depende directamente de los ministerios de Gobierno y Policía y Defensa (con su brazo ejecutor en este caso, la Armada y sus servicios de Guardacostas e Infantería).  

Solamente en Manabí están registradas 5.234 embarcaciones artesanales, el 34 % de todo el país. Ellos se quejan de dos aspectos: la inseguridad y lo que consideran  persecución del ministerio por las sanciones.

Sobre el primer punto, el Ministerio de Acuacultura y Pesca informa que desde el año anterior ha pedido que se convoque a sesión del Consejo Sectorial de Seguridad, para abordar las necesidades de los pescadores. Aquella reunión, sin embargo, no se concreta. Ya son ocho meses de requerimiento. Recién hace dos semanas la ministra Drouet abordó el tema con su similar de Defensa, Oswaldo Jarrín, y están fijando una fecha. 

En un comunicado, la Secretaría de Estado informa que trabajan “en una serie de esquemas de seguridad preventiva que incluirán la entrega de dispositivos de rastreo satelital con botón de pánico, seguros para embarcaciones, motores y artes, kits de seguridad y centros de atención directa en las principales zonas de descarga. Con esto contribuiremos a reducir el nivel de vulnerabilidad”. 

Delfín Intriago, presidente de la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal de Los Arenales (Crucita), asegura que en altamar son víctimas de los delincuentes. No solo les roban la pesca del día; también los implementos de comunicación y los motores. Eso, incluso, los ha dejado a la deriva. 

Los pescadores se preocupan también por las dificultades para cumplir la normativa. Por ejemplo,  la captura de especies debe realizarse fuera de las ocho millas náuticas, como lo establece la Ley de Pesca. En esa área -aseguran- “no hay qué pescar”.  Algunos “para no venir con las manos vacías pescan dentro de las ocho millas”. El problema es que dentro de esa área son víctimas de la piratería. 

“De San Jacinto a Bahía de Caráquez hay muchas lanchas con delincuentes que llevan armamento, como metralletas,  que ni siquiera tienen los encargados de los controles (Marina a través del servicio de Guardacostas e Infantería)”, señala. 

El pescador admite que no llaman a las autoridades cuando se producen los atracos porque se suscitan dentro de las ocho millas. Por tanto, también pueden ser retenidos por las autoridades si pescan a una milla náutica.

La contravención por infringir esa norma son multas económicas, retención de la pesca y decomiso de equipos. 

El pescador Fabián García señala que hay algunos funcionarios que no entienden “a quienes vivimos del mar. Siempre nos dicen qué  debemos hacer, pero no nos escuchan. Deberían saber qué necesitamos o queremos”.

Jacinto Mantuano admite que “estamos informados de todo lo que se debe hacer, pero cada día nos exigen más documentos y trámites para ejercer nuestra actividad”. 

 

>apoyo. Hace pocos días el empresario pesquero Raúl Paladines dijo que el Ministerio de Pesca es un logro y reconocimiento a Manabí. Más allá de los aciertos y de los errores que aún existen, porque es una institución en formación, y más allá de quién es la ministra o el ministro, los manabitas defendemos y respaldamos esta institución y apoyamos el proceso de perfeccionamiento, señaló quien también fue diputado.