Homero Castanier (CREO) señala que para transferir las atribuciones de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) a la Defensoría del Pueblo habría que hacer una enmienda constitucional. “La Constitución no contempla las funciones de la Defensoría del Pueblo de regular y calificar lo que se dice en los medios de comunicación. Allí no dice si debe analizarse si se dijo tal o cual palabra, si se hirieron susceptibilidades, si es que fue contenido violento”, dice.

Al legislador también le preocupa que no hay garantías de que un Defensor del Pueblo no se maneje como el extitular de la Supercom Carlos Ochoa, “haciendo una interpretación extensiva de la ley, con discrecionalidad y empiece a perseguir a medios o a periodistas”, motivos por los cuales el Pleno lo censuró y destituyó el pasado 13 de marzo. 

Ximena Peña (AP) considera que lo adecuado sería analizar qué atribuciones serán trasladadas a la Defensoría y cuáles al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) para “ver la necesidad, incluso, de a lo mejor eliminar algunas, crear otras. Este es un tema que debe debatirse ampliamente”. 

Según el artículo 55 de LOC, la Supercom “es el organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad sancionatoria, de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa; que cuenta con amplias atribuciones para hacer cumplir la normativa de regulación de la Información y Comunicación”. 

El Diario solicitó una entrevista con la Defensoría del Pueblo para conocer su criterio sobre las competencias que le corresponderían ya que, según el proyecto de ley del Ejecutivo, la institución tendrá 180 días, desde que las reformas entren en vigor, para establecer un plan respecto de sus nuevas atribuciones relacionadas con los derechos de la comunicación. Sin embargo, se indicó que el Área Jurídica analiza los detalles de las reformas y que luego se dará un pronunciamiento.

Para el asambleísta Guillermo Celi (CREO), hay que analizar el tema en profundidad. Él está de acuerdo con que las reclamaciones se hagan a través de la Defensoría, pero recalca que se debe convocar a todos los sectores sociales para que la LOC “cumpla su objetivo de garantizar la libertad de expresión y cambiar esa metida de mano que hizo el correísmo”. 

Servicio público. El Gobierno remitirá dos consultas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La primera tiene que ver con la enmienda constitucional de 2015 que desde la Asamblea incorporó la noción de servicio público a la Comunicación. “El presidente ha propuesto que sea una opinión consultiva a la Corte para que nos diga si la normativa de la comunicación como servicio público está en contra de las convenciones internacionales. Luego de esa respuesta inmediatamente la legislación ecuatoriana tiene que acatar las normas internacionales”, dijo Andrés Michelena, secretario de Comunicación.

La segunda consulta está relacionada con lo aprobado en la Consulta Popular de 2011 cuando se incorporó a la Constitución que las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas no puedan participar en empresas ajenas a la actividad comunicacional. Según Michelena, la idea es que el pronunciamiento vinculante de la Corte Interamericana sea el criterio para una probable reforma constitucional. 

“El presidente honra su palabra esta vez desmontando todo el aparataje construido por Correa para callar a la prensa, para ocultar los actos de corrupción que hubo en los diez años de Gobierno y, obviamente, para declarar enemigos públicos a los medios de comunicación”, señaló.

Guillermo Celi está de acuerdo con el cambio porque asegura que la comunicación es un derecho humano. “Así siempre lo ha sido, así lo señalan las declaraciones universales”, expresó.

Aún se desconoce si las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, en vigencia desde el 25 de junio de 2013, se tratarán en una comisión especializada o en alguna de las existentes. Aquello deberá decidirlo el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Luego, la comisión encargada deberá emitir un informe para su debate en el Pleno. Para aprobarse, las reformas necesitan la mayoría simple de votos, es decir, 69 (de 137). Según Homero Castanier (CREO), en el mejor de los casos, esto tardaría unos 90 días.