El Comité de Reconstrucción aprobó el proyecto por 18,4 millones de dólares. El Gobierno Provincial de Manabí (GPM), que lo ejecutará, contrató el estudio, al que debió hacerse un alcance por recomendación del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), que debe emitir el informe, con la viabilidad técnica de la Senagua y la licencia ambiental del Ministerio de Ambiente, para que el comité de crédito lo apruebe y pase al Ministerio de Finanzas para que transfiera los recursos, señalando el modo de contratación. Antes, el BDE y el GPM firmarán un convenio de crédito para dar paso a la contratación. La reparación durará un año.

Es una serie de pasos que, a dos años del sismo que destruyó el sistema, son lentos, señalan agricultores de la zona. 

ORGANIZACIÓN. Entonces, señala Alex Alcívar, exdirector ejecutivo del desaparecido Centro de Rehabilitación de Manabí (CRM), hay que ir ganando tiempo al tiempo y el Gobierno Provincial, que tiene las competencias de riego y drenaje, ya debería estar trabajando con los agricultores en la organización de las juntas de regantes que administrarán el agua. Recuerda que el Carrizal-Chone contaba con el sistema Scada, que permite la administración a control remoto de los caudales de agua a distribuirse. Scada (Supervisory Control And Data Acquisition, por sus siglas en inglés), “son válvulas electromecánicas operadas desde una computadora” para controlar el flujo de agua que se entregue a través de las tomas instaladas en las propiedades, explica.

REPARACIÓN. Limberg Macías, subgerente técnico de la Secretaría de la Reconstrucción, señala que en las reuniones mantenidas con el GPM, el BDE y la Senagua  se definió que “es la oportunidad para que el Carrizal-Chone comience a operar en todos los ramales y dejarlos en prueba”. Por eso en el proyecto se está contratando la reparación del sistema Scada, por 1’473,210.09 dólares. Indica que el sistema se desactualiza y por eso “ahora se busca el fortalecimiento local 

para programar el sistema, con programadores locales”.

SERVICIO. En los productores del área de influencia del sistema de riego, que abarca los cantones Chone, Bolívar, Tosagua y Junín, hay escepticismo. 

Fausto Vera, del Colectivo de Regantes de Carrizal, dice que no se ha hecho un estudio socio-económico para conocer la situación de los agricultores y ganaderos. Además, verificar si van a funcionar los ramales. Barón Montesdeoca recuerda que recibió “un tiempo” agua en su propiedad en El Guabal y que pagaba unos 4 dólares mensuales. Tras los daños en el sistema hizo pozos, ya que el nivel freático en Calceta es alto, para regar por aspersión sus sembríos. 

Luis Zamora trabaja en la propiedad de un vecino, donde hicieron un pozo profundo para el riego, del que también se sirve. En ese terreno hay una toma del destruido sistema. Dice que “solo los apadrinados se bautizan”, al criticar que el Gobierno Provincial no haya hecho pozos. Su vecina Mayra Álava señala que hizo la gestión en la Prefectura y en su propiedad perforaron un pozo.

Joab López, director de Riego y Drenaje del GPM, manifiesta que ya cuentan con la información, por bloques, de las juntas de regantes, y el padrón de usuarios para la firma de los contratos de riego. Dice que este trabajo será paralelo a la habilitación de los ramales y las tomas.