Jorge Corozo, presidente de la Comisión de los Derechos Colectivos, considera que debe ser su mesa la que acoja el proyecto del Ejecutivo, dado que tramita las reformas propuestas desde el Legislativo. 

Ximena Peña (AP) y Luis Fernando Torres (PSC) coinciden en que podría ser una comisión especial. Para Torres, el plazo para el informe de esa comisión debería ser de 30 días.

Los correístas no están de acuerdo con que se elimine la Superintendencia de la Información y Comunicación. La LOC creó dos organismos: la Supercom (adscrita al Quinto Poder) y el Consejo Regulador de la Información, Cordicom (que es parte del Ejecutivo). 

Para Gabriela Rivadeneira (AP), no es pertinente que “quiera quitarse de la LOC la entidad que regula y controla la aplicación de la Ley”.

La Superintendencia ha sido el punto más criticado. Desde septiembre del 2013, cuando empezó a operar, hasta el 2017, este organismo impuso 685 resoluciones administrativas sancionatorias, según sus rendiciones de cuentas anuales. Varias de ellas decididas de forma discrecional, esgrimió la propia Asamblea durante la censura y destitución al exsuperintendente Carlos Ochoa, quien estuvo en ese cargo desde el 2013 hasta el 12 de marzo del 2018. Su nombre fue propuesto dentro de una terna enviada por el expresidente Rafael Correa. 

Según el artículo 55 de la LOC, la Supercom es un organismo de “vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad sancionatoria”. Si desaparece, el Gobierno tendrá que liquidar a los 325 empleados del organismo, según Lourdes Cuesta (CREO).

El ente  desarrolla procesos de monitoreo, análisis y verificación a medios a través de un trabajo coordinado entre la Intendencia  de Vigilancia, Monitoreo y Análisis, la Intendencia Nacional de Auditoría Técnica y Fiscalización Comunicacional y las direcciones zonales. 

Según la normativa, los diarios, emisoras, canales de televisión y portales web se seleccionan de forma aleatoria, previa la realización de una planificación mensual -en la que se utiliza el Registro Público de Medios del Cordicom-. Luego de un análisis, se emite un informe de posibles incumplimientos a la LOC.

Justicia civil o penal. ¿A quién le corresponderían estas competencias si se elimina la Supercom? El presidente Lenín Moreno detalló el lunes pasado que quienes se sientan afectados por una transgresión en el ejercicio de la comunicación deberán acudir ante un juez civil o penal, pero no habló del resto de actividades.

Moreno indicó que el eje fundamental de las reformas a la LOC es la libertad de pensamiento y de expresión, que deberán enmarcarse en los instrumentos internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por Ecuador. Además, habrá una distinción clara entre medios públicos, privados y comunitarios o ciudadanos; así como el fomento de los medios medianos y pequeños. 

Wilma Andrade (ID) indica que una vez que se inicie el trámite, en dos o tres meses estarán aprobadas las reformas y quedaría eliminada la Supercom. César Ricaurte, director de Fundamedios, puntualiza que, si eso sucede, los casos que actualmente están en consideración de la Supercom deben suprimirse. “Una vez que desaparece ese organismo, desaparecen también los motivos de sanciones contra los medios. Ya no existirían esos casos”. 

La reacción.-  Mediante un comunicado, la Supercom indicó que “respetará las decisiones y disposiciones que emitan los órganos e instancias pertinentes, en los plazos correspondientes. Mientras tanto, la gestión de la institución continuará para la protección de los derechos ciudadanos vigentes”. Anualmente, la Supercom usa $10,5 millones en sus siete divisiones administrativas.