La Contraloría está auditando las demoliciones que se realizaron tras el 16A. Usted fue uno de los contratistas ¿Está de acuerdo con esta auditoría?

Ha sido publicado un borrador de la Contraloría. 

Nosotros firmamos un contrato en el cual ellos (MTOP) asignaron las cláusulas, las formas de trabajo y de pago. Allí, por estar en emergencia, se convocó a quienes tenían maquinaria para trabajar, pudimos intervenir en la tragedia. 

 

¿Considera usted que el borrador que emitió la Contraloría no debió difundirse?

Considero que toda persona tiene el derecho de defenderse, pues nadie es culpable hasta que no se declare lo contrario. Me parece que fue premeditado haber publicado o entregado ese documento cuando está en proceso de revisión. 

 

¿Hay equivocaciones en ese borrador?

Personalmente, en el informe de borrador me reconocen cero dólares por la demolición de edificaciones emblemáticas como la clínica San Antonio, Cuerpo de Bomberos, Arquidiócesis de Portoviejo, la Facultad de Medicina de la Universidad Técnica de Manabí. Ellos alegan que en la documentación que recibieron del MTOP no constaban las fichas de demolición, cosa que sí las tengo -las muestra-.

 

¿En qué incide esto?

Está en sujeto de revisión, es decir, si yo no presento el descargo sería un causal para ser glosado con el valor que se facturó por esa edificación. Cómo puede ser posible que se cuestione eso, si las edificaciones ya no están. 

 

¿También los cuestionan por la forma de pago?

Yo conmino a la autoridad de control a que por favor tome correctivos, porque este examen lo están realizando en base a un mecanismo que no es ni el legal, ni el correcto. Nosotros fuimos contratados por horas máquinas y por número de viajes con escombros. Y la auditoría lo realizan con la cantidad de volúmenes de las edificaciones, con un catastro desactualizado. También nos cuestiona la Contraloría el exceso de volumen por edificación, yo les pregunto, cómo hago la demolición en la parte alta de un edificio si no hago las camas con escombros de La Solita. Este material ya había sido triturado y teníamos que traerlo de la escombrera. El material no va a venir caminando. Usamos esa plataforma de gran envergadura para tener mejor control y no causar afectaciones a terceros.

 

¿Les perjudicaría esta auditoría?

Claro, porque esto no estaría acorde a la realidad. Por eso hay esa incongruencia numérica de que a ellos les sale un resultado, cuando la realidad es otro. Nosotros fuimos contratados en estado de excepción para dar un servicio. En el contrato decía ‘deberá realizarse la limpieza de escombros dejando el lugar expedito’. El compromiso era demoler y remover escombros, que eran llevados en la escombreras.

 

¿Qué tipo de fiscalización se le realizó?

Teníamos fiscalización interna del MTOP y en otros casos contratada. La forma de pago se especifica en el contrato. La Contraloría está cuantificando el volumen. Ellos se amparan en un catastro desactualizado. No van a coincidir. La contraloría está incumpliendo el reglamento interno. Nunca realizaron una inspección en sitio. No fuimos convocados para la inspección en las obras emblemáticas. Las supervisiones, controles de obra, era del MTOP. La fiscalización controlaba y dentro de la zona cero estaba el control de los militares, quienes permitían el acceso y salida. Ellos también controlaban. 

 

Hubo denuncias ciudadanas que habían máquinas paradas, sin trabajo... 

En mi caso nunca tuve ese problema. Eventualmente, habían situaciones en que los propietarios, a pesar de tener la autorización, no se ponían de acuerdo en la demolición. Yo hice demoliciones puntuales grandes y los que yo trabajé ya estaban desocupados. 

 

Otro de los requisitos que exige la Contraloría es que adjunten fotos de los trabajos realizados…

Yo presenté todas mis planillas con un informe fotográfico. Tenía la evidencia, y el auditor no la considera porque dice que no tenía una ficha. Ese documento fue entregado al MTOP y ese era el documento habilitante para realizar la demolición -los enseña-.

 

¿Cómo avanza su proceso?

Personalmente espero que haya una rectificación. Conmino a la Contraloría rectifique el cómo están evaluando nuestro trabajo. Están violentando el protocolo de un contrato firmado y estarían irrespetando el artículo 226 de la Constitución, en donde indica que los “...servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley”. En ninguna parte del contrato se especifica que se pagará por volumen de obra. Yo no me opongo a una auditoría, sino que nos evalúen de acuerdo a lo pedido en un contrato firmado.