Esas fueron varias de las decisiones adoptadas por un Consejo de Seguridad Pública y del Estado que se reunió por iniciativa de Lenín Moreno, y que contó con la participación de la vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, y la jefa de la Asamblea Nacional. Elizabeth Cabezas.

Asimismo, participaron la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, María Paulina Aguirre; la canciller, María Fernanda Espinosa; y los ministros de Defensa, Oswaldo Jarrín, y del Interior, Mauro Toscanini; entre otros jefes militares y policiales.

Durante al cita se aprobó la política de Defensa y Seguridad para la frontera norte con Colombia, que abarcará varios objetivos estratégicos, según informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El plan sugiere una "reorganización territorial" de la zona limítrofe que se oriente a impulsar la seguridad en la provincia fronteriza de Esmeraldas, mediante una "Fuerza de Tarea Conjunta" reforzada con efectivos de las "Fuerzas Especiales" al mando de un general del Ejército.

Además, sostiene que la Policía ejecutará "El Plan Operacional para la lucha contra la delincuencia organizada", mediante la redistribución de efectivos de grupos especializados hacia la frontera con Colombia.

Asimismo, plantea la "reactivación de los controles integrados ubicados en el sector norte" y la "ampliación de los controles y patrullajes fluviales" en la región.

De su lado, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) integrará sus programas de asistencia social, económica y productiva, y fortalecerá la provisión de equipamientos públicos, educación, salud y diversificación productiva.

Además, se propone "crear incentivos económicos para la actividad comercial y productiva", y fortalecer los municipios como centros de provisión de servicios.

El secretario general de la Presidencia, Andrés Mideros, que también participó en la reunión del Consejo, indicó que en el encuentro se aprobaron las directrices del programa para la zona fronteriza.

Mideros, en declaraciones reproducidas por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), reiteró que el plan busca velar por la seguridad e impulsar la reactivación económica y la generación de empleo en la región.

La muerte de cuatro soldados por ataques, el asesinato de un equipo de prensa del diario El Comercio y el secuestro de una pareja de ecuatorianos, aún cautivos, han sido varios de los episodios más graves ocurridos en los últimos meses en la zona fronteriza.

Todos esos delitos han sido atribuidos a un grupo disidente de la exguerrilla de las FARC, autodenominado Frente Oliver Sinisterra, liderado por Walter Patricio Arizala, alias "Guacho". EFE