En las últimas semanas, El Diario ha solicitado la información al Gobierno provincial y publica la respuesta de la entidad sobre el manejo de esa millonaria cantidad, que proviene -mayoritariamente- de la Ley de Solidaridad, que permite el uso de recursos, exclusivamente, para la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva.

La Prefectura destinó aquella cantidad para tres proyectos: la rehabilitación de siete vías (que totalizan 130,59 kms), el desazolve de ríos (140 kms) y un sistema de riego. ¿Eran prioridad? Sí, responde el prefecto Mariano Zambrano. ¿Más que viviendas para damnificados u hospitales? “No tenemos la competencia en aspectos como salud”, replica.

Aislados. Algo que refuta Elvis Suárez, presidente del Comité Vial de la comunidad Río Grande de Chone. “La Prefectura no hizo una priorización de obras”. Lo dice porque tras el terremoto quedaron aisladas 32 comunidades de Río Grande (unas 20 mil personas) por el bloqueo en la vía de 19 kilómetros Capilla de Platanales-El Aguacate-Coñaque.

“Presentamos 30 oficios. Y no hay respuestas. Ahora nos dicen que ya no tienen presupuesto. Han rehabilitados vías que no eran urgentes y tenemos miles de familias que no pueden salir. Se usan canoas, aunque ahora por los lechuguines es complicado. Incluso, como no tenemos centros de salud aquí, hay personas que han muerto porque la atención médica no ha sido oportuna”, dijo.   

Zambrano asegura que mil kilómetros de vías la Prefectura ha rehabilitado luego del 16A. Solo un 13% con fondos de la reconstrucción y los demás, con otras fuentes. 

Pero hay zonas que reclaman. “Todas las semanas vengo hasta el Consejo Provincial y la ayuda es nula. Nos han dejado abandonados. Los agricultores no pueden sacar sus productos; los niños no pueden ir a la escuela o colegios”, se queja Suárez.

Aunque este medio publica la justificación de cómo ha usado el dinero el Gobierno Provincial, el Secretario de la Reconstrucción, José Herrera, insiste que no han recibido un informe técnico al respecto. El prefecto aclara que no quiere polemizar. Para explicar el destino de los $71 millones lo acompañaron 11 funcionarios más, incluyendo su equipo de comunicación, como camarógrafos, fotógrafos, personal de social-media y técnicos de varios departamentos, a los que exigió precisar la información porque las cifras eran disímiles. 

El monto -por partes- fue gestionado por la Prefectura en tres fechas: octubre del 2016, enero y abril del 2017.  Tuvo respuesta positiva en una semana de la Vicepresidencia y la Secretaría de la Reconstrucción.