La presidenta de la Asamblea, la oficialista Elizabeth Cabezas, convocó al pleno del órgano legislativo para cumplir con la fase final del juicio político contra Baca, informó el Parlamento en un comunicado.

El proceso de interpelación tomará como base un informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que recomendó continuar con el juicio político impulsado por los legisladores de oposición Henry Cucalón y Guillermo Celi.

El pasado 9 de marzo, la Asamblea ecuatoriana abrió el proceso de juicio político contra el fiscal Baca, en medio de una dura polémica con el entonces presidente del Legislativo, el oficialista José Serrano.

La Asamblea, ese día, destituyó a Serrano como presidente del foro parlamentario, tras un enfrentamiento verbal con Baca, quien había difundido una grabación de audio que comprometía al legislador en una supuesta trama para deshacerse del fiscal general.

En dicha grabación se escuchaba a Serrano hablar con el excontralor Carlos Pólit -prófugo de la justicia por corrupción- sobre la posibilidad de deshacerse de Baca.

Serrano admitió que cometió un error al hablar con el excontralor Pólit (acusado en la trama de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht), pero dijo que lo hizo sobre la base de que le había ofrecido información relevante sobre casos de corrupción que supuestamente salpicaban al fiscal.

Según la normativa parlamentaria, Baca tendrá derecho a ejercer su defensa de las acusaciones por un periodo máximo de tres horas, luego de lo cual los asambleístas interpelantes plantearán el caso por dos horas, con una hora más de réplica por parte del acusado.

Tras la interpelación, el fiscal podrá retirarse del foro parlamentario y se abrirá el debate en el pleno, en el que los legisladores presentes tendrán diez minutos para intervenir.

El fiscal Baca podrá ser censurado con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea, aunque el proceso podría ser archivado si al terminar el debate no se presenta una moción de destitución.

La norma dictamina que la censura producirá la inmediata destitución de la autoridad interpelada y precisa que si del proceso de enjuiciamiento político se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad judicial competente. EFE