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¿Dónde está la plata?
¿Dónde está la plata?
Por: Jorge Albán Delgado
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Martes 24 Abril 2018 | 04:00

Amigo lector, usted alguna vez escuchó preguntar ¿dónde está la plata? Un conocido político en el pasado lo decía. Ahora se retoman estas palabras, muy apropiadas ante los acontecimientos de dominio público, cuando los corruptos sindicados por las autoridades jamás justificaron los recursos mal habidos y que les pertenecen a los ecuatorianos.

Los ecuatorianos estamos hartos de escucharlos, lo que es una especie de trauma emocional, por lo que es hora que las autoridades investiguen a fondo los hechos que son reprochables.
¿Habrá alguna vez un gobierno sin corrupción? El inventor de dónde está la plata se rasgó las vestiduras pregonando que devuelvan los recursos económicos sustraídos ilegalmente. Pero no hubo respuesta.
Si revisáramos la historia, veremos que también hubo corrupción en el pasado. El clamor ciudadano es muy notorio porque si a estos recursos se los rescatara se emplearían en salud, educación, seguridad; y en proyectos beneficiosos a los ecuatorianos. 
Es hora de aplicar lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal. A los ciudadanos que se creyeron gerentes propietarios de los recursos públicos solo de escucharlos generan rechazo. Además, la Constitución establece fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de rendición de cuentas y control social (Art. 100 numeral 4). 
Considero que la Asamblea Nacional debe elaborar un  nuevo proyecto moderno para que la Contraloría tenga mayores atribuciones legales en el control de los recursos del Estado y los alcances de las auditorías.
La Contraloría apunta a las enmiendas de los Art. 211 y 212 de la Constitución de la República, para que las auditorías de operaciones administrativas y que generan responsabilidades civiles o penales, efectuadas a funcionarios del Estado, se fortalezcan. Además, es necesario mencionar lo establecido en el Art. 66, numeral 23 de la Constitución de la República, que establece el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas, al derecho constitucional.
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