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Demoliciones, bajo la lupa de contraloría

Cerca de 11 mil demoliciones se realizaron tras el 16A. Para ello, hubo millonarios contratos con fondos de la Ley de Solidaridad.

Jueves 19 Abril 2018 | 11:00

Durante la emergencia se destinaron, inicialmente, $ 109’223.464,48 para el derrocamiento de edificaciones y desalojo de escombros en las zonas afectadas por el terremoto. Es el monto que consta en el quinto informe de la Secretaría Técnica de Reconstrucción, que corresponde de julio a septiembre del 2017.

Dentro de los recursos asignados para estos trabajos se registra un pago sin justificantes por $  29’896.205,60. Lo revela la Contraloría General del Estado, tras un examen especial de ingeniería a los procesos de demolición y desalojo de escombros de las edificaciones colapsadas el 16A.
 
>CONTRATACIÓN.  El documento, al que ha tenido acceso El Diario, señala que no se realizó el seguimiento de las recomendaciones a un examen anterior, por la metodología de contratación y ejecución de obras. Y cuestiona: “Mediante oficio No. 001-MTOP-SUBZ4-2016-007-OF de 29 de abril del 2016, el Subsecretario zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), envió a una supuesta empresa constructora de Manta a participar en la demolición y remoción de escombros de los edificios y casas que se encontraban en mal estado”.
El subsecretario del MTOP en esa fecha era Franklin Bernal Quintero, padre del exsecretario técnico  del Comité de Reconstrucción, Carlos Bernal Alvarado, quien renunció al cargo en enero pasado y ahora vive en Estados Unidos.
El mismo día que Bernal Quintero invitó a la empresa para que participara en las demoliciones, el MTOP firmó el contrato para la limpieza de escombros en el cantón Sucre, por un monto de $ 3’378.940,66 dólares.
El contrato fue registrado en la Notaría Octava de Portoviejo.
El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos de limpieza y escombros en Sucre fue “hasta que quede en su totalidad limpia el área designada”.
Según la Contraloría, la compañía Izquiercas S.A., representada por Ricardo Castro Ávila, fue la que ejecutó los trabajos de demolición.
La compañía se constituyó el 10 de mayo del 2016, es decir, 11 días después de la firma del contrato. Eso es validado por la documentación certificada de la Superintendencia de Compañías.
El Diario contactó a Franklin Bernal Quintero, pero no respondió a las llamadas ni al mensaje que se envió a su celular.
Sin embargo, en el examen de la Contraloría, el exfuncionario justifica la contratación: “En el proceso de emergencia se contó con la ayuda desmedida de los contratistas que iniciaron los trabajos y ejecutaron las tareas sin contar con recursos institucionales, sino utilizando recursos propios”.
El Diario también contactó a Ricardo Castro, representante legal de Izquiercas, quien tampoco pudo atender la entrevista.
El examen señala que el MTOP suscribió un contrato sin verificar los parámetros “maquinaria, tecnología y recurso humano”.
El representante legal de la compañía Izquiercas también dio sus descargos a Contraloría: “Durante el proceso contractual, la compañía concluyó el proceso de constitución. Si bien la compañía concluye ese proceso con la inscripción en el Registro Mercantil y la obtención del RUC el 10 de mayo del 2016, dicho proceso se inició con anticipación. Pero fue afectado por la suspensión de actividades públicas y privadas en las zonas del desastre, que retrasaron su culminación”.
La Contraloría también detectó que dentro del proceso de demoliciones no se implementaron los mecanismos establecidos en el protocolo (ver recuadro) para el proceso de demolición de escombros. Tampoco se consideró la entrega de las órdenes otorgadas por los organismos competentes.
El equipo de auditoría de Contraloría “evidenció que no se encontraron las órdenes de demolición adjuntas a las planillas de avance de obra, a pesar de que era el único documento habilitante con el que la entidad debía contar para el inicio de las actividades de remoción de escombros y posterior planillaje de los trabajos”.
Dentro de este proceso, los pagos no justificados alcanzan los $ 28’472.576,77  correspondiente a los contratos de demolición y desalojo de escombros; más $ 1’423.628,83 por la fiscalización. En total: $ 29’896.205,60. 
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