Por ello, les refiero algo que se inició hace más de 4 años, cuando simultáneamente con otras 3 personas, una empresa -ahora de sus 2 hijos- liderada por el “dueño” de un movimiento político manabita demandó la reinvindicación de un amplio predio ajeno con frente al mar; pretensión surgida porque -como en muchos otros casos- el GAD de Jaramijó ilegalmente sobrepuso en el catastro original y hasta sobre calles y lotes de una antigua lotización a varios “propietarios”, basados ellos en un inexistente “Contrato Privado”. La ilegal demanda le fue favorable en Montecristi, por la “ingenuidad” de un muy joven juez que acogió el peritaje de un ingeniero “por coincidencia” funcionario del ente público que dirige el político. La obvia apelación a la Corte Provincial de Portoviejo revirtió ese fallo, ratificando que el título exhibido surge de ese nunca visto “Contrato Privado”, lo que tratándose de bienes raíces, es absolutamente ineficaz; y más, se comprobó la legalidad de la lotización de la que es parte el predio pretendido y los más de 20 años de la Cia. dueña y demandada de su legal propiedad y posesión sobre el “cuerpo cierto” de su lote. 

La demandante ese justo fallo lo casó ante la Corte Nacional en Quito, la que negó ello por sobradas razones. Por fin, acudió a la Corte Constitucional alegando afectación a sus derechos, máximo tribunal que en esa “cuarta instancia” inadmitió su reclamo y ordenó archivar el caso sin lugar a apelación, convirtiéndolo en “cosa juzgada”. Así “sentó jurisprudencia” para los 2 juicios más que, luego de más de 4 largos años, con el mismo tenor y fundamentos y sobre el mismo predio, uno se ventila en la Corte Provincial de Portoviejo y otro aún en Montecristi; éste, en abandono -Art. 245 COGP- sin que sea archivado por el/la juez, recordando que “Justicia lenta es injusticia”. Resumen: En las 3 salas superiores compuestas por 3 magistrados cada una, unánimemente las 3 negaron la gran demanda, pese a que el político con sus poderosos “padrinos” -hoy en desgracia- se dice insistieron hasta en la “cuarta instancia”. Se reconoció así la legítima propiedad de la Cia. demandada al “sentar jurisprudencia” con la sentencia de enero de 2016 que sabiamente dictó la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Portoviejo, donde prevalecieron la razón y justicia, ante la gran presión del poder político.