Es un tema que conversamos con los ministros y con el Secretario de la Administración, que lo ha recogido. Debería incluir a más personas, eventualmente excluir a algunas. Es una decisión del Presidente.

Las actas están claras, lo que no tienen o no recogen es lo sucedido en las sesiones a decir de algunos participantes. Vamos a transcribir enteramente lo que esté en audios y grabaciones de las sesiones, a efectos de que en el acta estén todas las expresiones.

Vamos a pedir que se hagan en un foro abierto, donde los ciudadanos puedan escuchar, en el marco del respeto, y llegado el punto podrán intervenir.

El Comité ha priorizado por ejes, ha dado las líneas gruesas y eso no ha permitido que sea el que priorice los proyectos. Tenemos que sentarnos y analizar proyecto a proyecto.

En vivienda fue un abuso sin nombre el estado de excepción, de emergencia, un abuso a la tragedia. Un mes después del terremoto se comenzó a contratar viviendas de boca, se comenzó a dar anticipos a constructores, sin garantías, sin contratos, de una forma ex prolija. El estado de emergencia y excepción no determina eso, lo libera de procesos para la contratación, pero jamás  lo libera de exigir las garantías del caso. Esas cifras tenemos que esperar que el Miduvi las diga. 

El ministro de Vivienda nos ha informado que está avanzado, ya está el listado de contratistas incumplidos y de acciones legales. Se ha comprometido a hacer llegar los informes. 

Eso tendrán que determinarlo Contraloría o las autoridades de control. No me compete a mí qué responsabilidad tenían. 

Considero que fue así, no tenemos un registro pormenorizado. El Comité y la Secretaría nacieron 30 días después del terremoto, entonces, de los primeros 30 días no hay un registro exacto, y ya en lo posterior, cuando han ido avanzando el tiempo, no existió el seguimiento y control adecuado. Hubo proyectos que nacieron con estudios deficientes, que a la larga fueron generado contratos complementarios. 

La facilidad pesquera de Crucita empezó en 39 millones y terminará costando más de 50 millones de dólares. 

Habría que ver ejecutor por ejecutor, de eso se encarga Contraloría. En el MTOP encontramos una empresa requiriendo el pago por los estudios de los daños ocasionados por el terremoto en el aeropuerto de Manta, que no tenían justificación alguna, y no se los canceló.

Lo que se hizo fue revisar proyectos someramente. Realmente es un poco complejo llegar a determinar si el apu (análisis de precios unitarios) estaba correcto o no. Un poco por ahí viene la cosa. 

No tienen estudios adecuados o con el modelo Senplades que exige que un consultor pueda abarcar todos los aspectos ambientales, económicos, sociales. Posterior a que terminó el estado de excepción, el 11 de septiembre del 2017, todos los proyectos deben tener la priorización de Senplades.