La exfuncionaria deberá pagar 3,6 millones de dólares como reparación integral económica para las instituciones perjudicadas del Estado: IESS y Ministerio de Productividad. Además, deberá cancelar una multa de 40 salarios básicos unificados y el 50 por ciento de sus bienes incautados será decomisado, ya que mantiene una sociedad conyugal.

El fiscal Galeano Balcázar presentó alrededor de 60 pruebas documentales, periciales y testimoniales para sustentar la teoría del caso. La investigación empezó con base en el examen especial realizado por la Contraloría General del Estado en el período de 1 de enero del 2010 a 15 de junio del 2015, mientras la sentenciada ocupaba cargos públicos, el que determinó que no había una relación justificada entre las declaraciones juramentadas y los bienes e ingresos de María L, y de su esposo Marcelo E., también en prisión.