Solórzano manifestó que comenzó a vivir el tormento hace tres años, cuando estudiaba Turismo en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, donde conoció al padre de su tercera hija. 

Reveló que a los dos meses de haber formado un hogar quedó embarazada, y desde entonces surgieron los problemas por celos. “Mi expareja me hacía la vida imposible. Era demasiado posesivo, al punto de negar a su propia hija”, expresó. 

En una ocasión iban caminando por el barrio Santa Martha y, porque el conductor de un vehículo la miró, su expareja la golpeó.

Ella dijo que a los ocho meses de haberse unido decidió separarse y denunciarlo por agresión. Luego comenzó a recibir amenazas de muerte, pero el hombre no fue detenido porque ella  abandonó la investigación tras llegar a un acuerdo de paz. 

Su expareja intentó retomar la relación, pero como ella no lo aceptó, comenzó a  amenazarla con cortarle la cara, aseguró.

Liseth contó que la segunda denuncia la presentó en la Fiscalía cuando él ingresó a la casa a golpearla.

Aquello ocurrió en febrero del año pasado, y el sospechoso fue arrestado, pero recobró la libertad porque ella no acudió a la audiencia por “recomendación” de un pariente del detenido.

En octubre volvió a denunciarlo por intentar secuestrarla cuando ella salía de una discoteca. Incluso intentó golpearla cuando estaba dentro de un vehículo, dijo. La Policía organizó un operativo y capturó al sospechoso.

LEY. Liseth fue una de las mujeres que decidió hablar y, según el director del Consejo de la Judicatura en Manabí, Rafael Saltos, la idea es que las investigaciones se resuelvan hasta el final.

La semana pasada la Asamblea Nacional aprobó la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

La asambleísta Dallyana Passailaigue indica que esta es una ley “histórica” que es preventiva y no punitiva, y que servirá como herramienta para “evitar que nos maten; es decir, trabajar en prevención”.

La legisladora explica que los puntos más importantes de esta ley radican en que se contará con un Plan de Acción Específica, del presupuesto General del Estado; es decir, se destinarán recursos para la implementación de la ley en los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Esto porque con ese dinero se fortalecerán las Juntas Cantonales de Protección y las Tenencias Políticas en las parroquias rurales.

Estas dos unidades podrán brindar medidas de protección a las mujeres que lo requieran, como por ejemplo, emitir boletas de auxilio y restitución de la víctima al domicilio, dijo.

Passailaigue comentó que los GAD’s también podrán implementar casas de acogida para atender los casos de violencia de género. “Esto es un problema sociocultural y hay que cambiar los patrones de conducta para romper con los ciclos de violencia”, expresó.

ACTIVIDAD. Alguien que también conoce mucho de la ley es Zoila Menéndez, activista del Movimiento Tejedoras Manabitas.

Ella indicó que como parte del grupo empezarán con la difusión de la Ley para que las mujeres conozcan los derechos y posibilidades que tienen para defenderse. “Esta ley es preventiva a mediano y largo plazo y se debe ir reconstruyendo esos estereotipos que hay en nuestro país”, expresó.

La legisladora señaló que en la ley además se evitó la inclusión de un procedimiento sumarísimo en el Código Orgánico Integral Penal que pueda perjudicar a las mujeres víctimas de violencia. 

“No debemos confundir velocidad con eficiencia. La ley prevé un sistema integral articulado para preparar la atención oportuna e inmediata”, expresó la asambleísta.

Además, dijo, se logró reformar el tipo penal de violencia psicológica, que elimina la determinación de leve, moderado y severo. “Los operadores van a analizar la conducta del agresor y eso se debe sancionar”, señaló.

En estos días la ley entra en vigencia una vez que se publique en el registro oficial.

JUSTICIA. El fiscal provincial, Enrique García, manifestó que el delito que mayor número de ingresos o incidencias registra es el delito de violencia psicológica e intrafamiliar y se incrementa cuando no se lo denuncia a tiempo y es en el que menos resultados se tiene.

Esto, señala, por falta de voluntad de la víctima, otro porque de pronto se llegan a conciliar entre agresor y agredida extraprocesalmente y por la falta de personal.

En este último punto, el fiscal asegura que para el mes de junio Manabí contará con 33 fiscales más y se llegará a un número total de 75, donde se espera fortalecer las unidades de violencia de género.

García indicó que se incrementarán unidades en la provincia: 1 en Chone, 1 en El Carmen, 1 en Jipijapa, 1 en Montecristi, 2 más en Manta y 2 más en Portoviejo, donde habrán fiscales especializados en tratar temas de violencia de género.

“Vendrán más psicólogos y trabajadores sociales y médicos legistas y podamos investigar mucho más ágilmente estos hechos”, expresó.

El fiscal recomendó a las mujeres que empiezan con una denuncia, que no la dejen, que sigan con las denuncias. “No es normal que las mujeres acepten que se las violenten de ninguna manera”, dijo.

Según datos de la Asamblea Nacional, el año pasado en el país se registraron 153 femicidios.

Rafael Saltos, del Consejo de la Judicatura, indicó que del 2014 al 2017 en el sistema judicial se registraron 16 casos de femicidios en Manabí. 7 casos ingresaron en 2017, de los cuales 4 están en trámite y 3 resueltos. El funcionario señala que el femicidio el cúspide de la violencia a la mujer y asegura que eso es lo que se debe evitar.

“Las víctimas de femicidio algunas nunca recurrieron al sistema y otras recurrieron al sistema y tenían boleta, pero habían regresado (con su pareja). Ahí eso requiere el seguimiento”, expresó Saltos.

El director provincial manifestó que todo radica en la prevención y también en el seguimiento. Espera que con esta ley se pueda contar con los recursos para fortalecer esas dos áreas y evitar la violencia intrafamiliar.