La CIDH solicitó “información detallada sobre las características, funciones y efectos del mandato que tendría el Consejo que asuma transitoriamente las facultades, deberes y atribuciones del Cpccs” en un plazo de cinco días.

El requerimiento de información se produce luego de que a finales del año pasado Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y las consejeras Tania Pauker y Sonia Vera presentaron una denuncia en contra de la República del Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar esa pregunta inconstitucional.