Roosevelt Cedeño, abogado portovejense, dijo que “así lo señala nuestra Constitución, primero en la preeminencia  normativa en el artículo 424 y 425 que dice que los tratados, convenios y resoluciones de los sistemas universales o regionales de derechos Humanos son parte de nuestro derecho interno y son de aplicación directa e  inmediata. Como lo dice también nuestra Constitución en el artículo 11, numeral 3, inciso tercero”, mencionó.

La CIDH determina que los países suscriptores del pacto de San José deben rever sus leyes y normas para dar protección a estas personas. Pero ¿qué pasa con nuestra Constitución que no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo?.

Según Cedeño, en nuestra Carta Magna existe una figura jurídica que se llama antinomia de rango constitucional; es decir, que la Constitución tiene textos contradictorios. 

Por un lado el artículo, 11 numeral 2, que dice que nadie puede ser discriminado por razones de orientación sexual. “Nadie es nadie”, dice el jurista. 

“Este es un principio y los principios prevalecen a las reglas”, señala. 

Sin embargo, menciona que “en las reglas constitucionales que establece la regulación de las familias encuentras que el constituyente, bastante influenciado por la jerarquía católica y otros grupos religiosos ecuatorianos, introdujo la disposición en el artículo 67 numeral segundo en relación al matrimonio y estableció que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, entonces excluyó a las personas del mismo sexo”, dice.

Para Cedeño esta es una regla que se contraviene al principio constitucional de no discriminación por orientación sexual, y que lo que debe aplicarse es el principio porque está sobre la regla. “El principio es el principio de no discriminación que recoge fuerza con la opinión consultiva de la CIDH, que está instando a los estados partes a que no incurramos en prácticas discriminatorias y más bien vayamos en la línea del matrimonio igualitario”.

Roosevelt Cedeño dice que Ecuador tiene dos caminos. Uno que la Corte Constitucional interpretando el texto pueda acoger la recomendación de la CIDH.

El otro camino, dice, es que vía enmienda constitucional -y en este caso sí estaría habilitada la Asamblea Nacional- acogiendo la recomendación, reforme ese párrafo, lo modifique y lo adecúe a los principios de la Constitución y al sistema interamericano con la recomendación de la Corte. 

Asegura que los acuerdos internacionales se imponen, pero “para aplicarlo evidentemente necesitamos modificar el texto constitucional”.

Recalca que el matrimonio desde el punto de vista civil es un elemento correspondiente al estado laico. 

“Si la iglesia católica, evangélica, etc, no está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, está bien, incluso que dentro de sus homilías no celebren esos matrimonios, pero eso no significa que el estado debe estar acoplado a esta concepción religiosa de la sociedad”, enfatizó.

Iglesia. Justamente, la postura de la iglesia católica sigue siendo la de siempre. Defender el matrimonio heterosexual (hombre-mujer). 

Monseñor Lorenzo Voltolini, arzobispo de Portoviejo, asegura que “no se puede llamar matrimonio el que hacen, contraen o quieren contraer dos personas del mismo sexo. El matrimonio por el nombre mismo que tiene, está hecho para un varón y una mujer. 

“Si dos personas del mismo sexo quieren estar unidos, lo respetamos, si quieren estar juntos no hay ningún problema, pero llamar matrimonio eso sería confundir enormemente”, mencionó.

El máximo representante de la iglesia católica recalcó que si se llega a reconocer el matrimonio igualitario en Ecuador, ellos no van a protestar. “Estamos para decir la verdad. Al menos que la gente salga y lo diga. La Biblia dice en su primera página. Hombre y mujer nos hizo, punto”, explicó.

La CorteIDH, de la cual Ecuador es signatario, determinó que “todos los derechos patrimoniales que se derivan del vínculo familiar de parejas del mismo sexo deben ser protegidos, sin discriminación alguna con respecto a las parejas heterosexuales”. Y que esa protección va incluso más allá de las cuestiones patrimoniales e incluye el derecho a la adopción, al acceso a la salud de los cónyuges y a la pensión por viudez, entre otros.

La Corte aseguró que algunos Estados deberán vencer dificultades institucionales para extender a las parejas homosexuales el derecho al matrimonio, reconociendo que muchas veces la oposición se basa en criterios religiosos.

Sobre la adopción Voltolini asegura que, basado en la psicología, “los niños que nacen en un hogar de personas de distintos sexos, crecen mejor y con más posibilidades de desarrollo, con menos preconceptos, y menos dificultades psicológicas que un hogar formado de forma distinta”, dice.

Señala que el problema es que no han logrado detener el crecimiento de la población con anticonceptivos, ni con el aborto. Lo que quieren hacer es disminuir la humanidad, a través de la homosexualidad. Esto es algo que nosotros no podemos aceptar”, enfatizó.

Igual posición tiene el párroco Geovanny Pico. 

Él cree que el estado debe garantizar la dignidad y el cuidado de estas personas. “Eso me parece excelente, pero para qué quieren llegar al matrimonio. Qué quieren conseguir con eso”. 

Según Pico, en España los grupos GLBTI lucharon tanto por ese tipo de matrimonio, “y ahora una de las tasas más altas de divorcio es de las personas del mismo sexo. Están jugando”, dice. 

Caso. Pamela Troya, junto a su pareja Gabriela Correa, quien impulsa el matrimonio igualitario desde el 2014, cuenta que el 9 de diciembre de ese año, la Corte Constitucional (CC), admitió a trámite una acción de protección que ellas presentaron y luego una acción extraordinaria de protección y desde aquella fecha no ha sucedido ningún avance. 

Para Troya el fallo de la CIDH es histórico para toda América y un referente a nivel internacional.

Esta activista asegura que “vamos a esperar otra vez 30 días para que la CC desempolve la causa del matrimonio igualitario. Si esto no sucede vamos a ir ya al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

“Las personas en Ecuador no se deberían estar planteando si debe o no haber matrimonio igualitario en el país, porque va a haber!. Acuérdese de mis palabras. Yo pediría más bien que se hagan a la idea. El tema es cuánto tiempo nos va a tomar alcanzar esta lucha”.

Ramiro García, abogado  de Troya, dijo que esperan que con esta opinión consultiva le sea más fácil pronunciarse a la Corte Constitucional. “Nosotros no damos plazos. Han pasado ya tres años. Esto debería resolverse ya”. 

Dijo que espera que la Corte no siga difiriendo sus obligaciones en relación al reconocimiento de derechos y que este es un tema que atañe no solo a la Corte sino al Registro Civil. “Creo que ya algunas personas que han querido acceder a este matrimonio podrían emprender acciones legales”, detalló. 

Jairo Vinces, homosexual, dice que han estado en esta lucha por más de 15 años y que apoya el matrimonio civil igualitario, aunque él particularmente no lo haría. “No soy partidario porque soy muy infiel, pero además porque si dentro de un mes mi pareja me dice se terminó el encanto hagamos repartición de bienes. Ya les sucedió a unos amigos de Quito y Guayaquil, y a los 2 y 3 meses ya se les quitaban media casa y fábrica”, agregó.

En cuanto a adopción si la comparte, dice. “La iglesia debe saber que estamos solucionando los problemas de la población heterosexual. Cuántos niños no se están muriendo de hambre en el mundo. Yo justamente he salvado dos niños de las garras del sida”.

Graciela Tandazo, madre de familia, no está de acuerdo con este matrimonio: “No me parece bien por lo católico. Siempre debe ser estructurado entre un hombre y una mujer”. 

Gloria de Altamirano, pastora, tampoco está de acuerdo. “Esto no tiene ningún fundamento científico, ético, moral, ni espiritual, manifestó, destacó.

En cambio, Jofre Hernández dice que “eso es cuestión de cada persona si se quieren casar entre hombres, mujeres, cada quien vive su mundo. No me afecta. Todos tenemos derecho”. Lo que no comparte es la adopción, señaló.