Nadie desconoce de las graves acusaciones y evidentes maltratos a la personalidad, que casi a diario se infringen los actores políticos dentro de los debates de la Legislatura, por lo que es difícil creer que la palabra alcahuete o aseveraciones como arrogación de funciones tengan graves alcances ofensivos.

Si bien es cierto que la Asamblea, como sede de la máxima expresión de la voluntad popular, debe ser ejemplo del respeto mutuo entre sus integrantes, también está obligada a hacerlo con la opinión de cada uno de ellos, excepto en caso extremo de violencia verbal o física, conceptos en los que, creemos, no caen los expresados por los legisladores sancionados.

Por el contrario, se aprecia la decisión del CAL como una manera de tratar de coartar el derecho a manifestarse libremente,  someter la voluntad y ejercer temor y sumisión.

La Asamblea tiene muchísimas más cosas que examinar, como irregularidades y actividades por fiscalizar, que realmente demandan acciones sancionadoras. 

El pueblo espera que sea en esto que den ejemplos.