Una investigación del diario El Espectador dice que la defensa busca dilatar su traslado con estrategias que van desde hacerlo pasar como miembro de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hasta denunciar a los jueces que lo investigan.

Él fue capturado el 11 de abril del año pasado con fines de extradición por una Corte del Distrito Sur de Florida, por supuestamente introducir 250 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Hoy, casi un año después de la solicitud, la orden no se hace efectiva.

Desde que la justicia norteamericana formalizó su solicitud, las autoridades constataron que Édison P. era una ficha clave en la nueva generación de narcotraficantes que manejaba el negocio de la droga a través de envíos hechos desde  Ecuador y Colombia con destino a Centroamérica y Estados Unidos, señala el periódico colombiano.

Con solo 37 años y apenas bachiller, él se autodefine como un agricultor, pero es considerado una réplica del extinto jefe del cartel de Medellín: Pablo Escobar Gaviria. “Gerald” nació en Manta y se crió en el barrio 4 de Noviembre, donde tiene dos propiedades incautadas.

Su incursión en el mundo de la mafia surgió cuando transportaba cocaína en lanchas rápidas a comienzos del año 2000, pero  luego empezó a consolidar una flota de barcos para transportar la droga con mayor efectividad, revela El Espectador.

Actualmente “Gerald” está recluido en la torre F de la penitenciaría La Picota, donde se encuentran los internos que requieren medidas de seguridad extremas para evitar intentos de fuga, rescate o algún atentado. En esa cárcel ha sido visitado por abogados provenientes de Estados Unidos, Ecuador y Colombia, especialmente de las ciudades de Armenia, Tumaco, Popayán, Florencia, Buga, Valledupar, Barranquilla y Pasto. Todos contratados por el presunto capo para ejercer su defensa. 

Cambio de cárcel. El 14 de agosto de 2017 fue asesinado el hermano de “Gerald”: Emanuel Prado. Desde entonces la Policía de Colombia detectó que el “Pablo Escobar ecuatoriano” dirigía desde la cárcel La Picota una red de sicarios colombianos que delinquía en Ecuador, señala El Espectador.

Bajo estrictas medidas de seguridad, Édison P. fue trasladado a la cárcel de Valledupar el 26 de julio de 2017. Allí fue recluido en una celda de 2x2 metros, aislado, con un régimen estricto en donde solo se le permitía una hora de sol al día. 

Semanas después, sus abogados argumentaron que la salud del presunto capo empezó a deteriorarse. Entonces solicitaron exámenes en la clínica Country de Bogotá, que no le fueron autorizados porque su lugar de reclusión era Valledupar y no la clínica. Inconformes, sus abogados interpusieron solicitud de protección para una valoración médica por supuestos dolores en la columna.

El 11 de octubre, la Fiscalía autorizó el traslado del prisionero para la práctica médica, pero en la ciudad de Valledupar, en el Centro de Radiologia Elisa Clara.

Ese día el tráfico de la ciudad colapsó porque fueron cerradas varias vías y se destinaron alrededor de 50 uniformados de la Policía y el Ejército para que el detenido pudiera realizarse su examen. Se le practicó una tomografía computarizada de columna y una tomografía en reconstrucción tridimensional.

Mientras sus 26 abogados se preocupaban por la salud de “Gerald”, también comenzaron a buscar mecanismos jurídicos para evitar su extradición a Estados Unidos. Por eso, ante la Corte Suprema de Justicia, tres de los 26 abogados solicitaron se suspendiera del trámite y se practicaran unas pruebas, con el propósito de demostrar que era miembro de las FARC.

Para ello, los abogados intentaron que se aceptara como prueba un derecho de petición dirigido al secretario de las FARC, en donde se certificara que   tenía derecho a los beneficios que otorga la Jurisdicción Especial para la Paz.

La Corte de Justicia negó la petición de los abogados al considerar que la suspensión de la extradición no está contemplada en la Ley. Además, la oficina del alto comisionado para la Paz, con base en un listado, certificó que Édison P. no pertenecía a la guerrilla. 

Finalmente, después de cinco meses de múltiples recursos de la defensa, el 8 de noviembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición del capo a Estados Unidos.

Insatisfechos con la decisión, el batallón de abogados  siguió en su encarnizada defensa y el pasado 14 de noviembre presentaron una denuncia contra los jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que solo se tomaron cinco días para aprobar la extradición. 

Incluso ellos denunciaron a los jueces en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes al considerar que supuestamente violaron el debido proceso a “Gerald”, indica la publicación de El Espectador.

Su verdad. En el reportaje dice que a comienzos de diciembre siguió la artillería jurídica de los 26 abogados. Ellos presentaron al Tribunal Superior de Valledupar  un recurso de habeas corpus en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario  de Colombia  para cuestionar que el presunto capo estaba recibiendo un trato inhumano y cruel. Y las autoridades  negaron el recurso, al argumentar que esta figura jurídica procede solo cuando hay una privación ilegal de la libertad. 

Luego sus abogados presentaron otra denuncia contra el Ministerio de Justicia, con el propósito de lograr trasladar a “Gerald”  desde la cárcel de Valledupar al centro penitenciario de La Picota, donde un juez aceptó el pedido. Y en diciembre fue llevado al pabellón de los extraditables. En la decisión judicial también se ordenó atenderlo en “mejores condiciones” de seguridad.

Actualmente su pedido de extradición cumple nueve meses, pese al mensaje de urgencia que se recibió de la justicia de Estados Unidos. Todavía no se sabe con precisión quiénes son sus socios en Colombia, porque no hay investigaciones ni cuál será la próxima estrategia jurídica de los 26 abogados, que no se dan por vencidos y siguen luchando para que el “Pablo Escobar ecuatoriano” no termine en una cárcel de Estados Unidos contando sus verdades, señala el medio.

Siete de los 26 abogados son ecuatorianos. Uno de ellos fue fiscal de la provincia del Guayas y otro juez de Manta, pero dejó su cargo al ser destituido por dejar en libertad a uno de los integrantes de la desaparecida banda de “Los Choneros”, en el 2010.  En ese año, Gustavo Jalkh, quien era ministro de Gobierno, pidió al Consejo de la Judicatura revisar el accionar del juez por dejar libre a Leodán Macías Villamar, alias “Lan”, considerado el principal cabecilla de “Los Choneros”. 

A raíz de la captura de “Gerald”, la Policía organizó  la operación “Sol Naciente” en Ecuador, donde le hallaron varias casas en Manta y Guayaquil. La Policía encontró más de 17 millones de dólares.

En la operación allanaron  veinte casas, donde capturaron el brazo financiero de “Gerald”. En el operativo detuvieron a varios miembros de su organización, entre ellos sus jefes de seguridad, sus abogados y hasta un capitán de la Policía. Todos permanecen recluidos en una cárcel de máxima seguridad en la provincia de Cotopaxi.

Según las investigaciones,  entre el 2014 y 2015 le decomisaron al presunto capo 150 toneladas de cocaína y arrestaron a 80 miembros de su organización.