Para hacerse efectivo, el dictamen del Consejo debe ser ratificado por el primer ministro, ahora en funciones, Paolo Gentiloni, y por el presidente de la República, Sergio Mattarella.

Bellomo ya ha anunciado que recurrirá la decisión ante el Tribunal Administrativo Regional de la región del Lazio, de acuerdo a las mismas fuentes.

El magistrado, de 47 años, ha sido acusado de ejercer presuntamente presiones y de acosar a las estudiantes y becarias que accedían a la escuela en la que formaba a futuros magistrados.

A las aspirantes a una beca, Bellomo las pedía firmar un contrato en el que se comprometían a escribir artículos para la revista del centro y la participación en convenios, pero también debían asumir un código de vestimenta para "promover la imagen" de la academia.

En concreto las estudiantes debían calzar zapatos de tacón alto, ir siempre maquilladas, con faldas por encima de la rodilla e incluso se determinaba la longitud de las medias, unas directrices que han sido denunciadas por las estudiantes.

Además de estas condiciones, una cláusula estipulaba que la beca debería ser revocada si la estudiante se casaba, algo que solo estaba permitido si Bellomo lo permitía, para lo que debía valorar primero el coeficiente intelectual de la pareja de su pupila.

El Consejo de Estado por su parte ha tachado el código de irrespetuoso "con la libertad y la dignidad de las personas" y que "viola el prestigio de la magistratura".

El caso fue revelado por el padre de una joven que escribió una carta al Consejo de Estado hace un año para denunciar que las amenazas del magistrado habían dañado física y psicológicamente a la estudiante, con la que llegó a mantener una relación sentimental.

En las últimas semanas varias estudiantes han narrado su experiencia en el centro de formación, como Rosa Calvi, de 28 años y quien aseguró que Bellomo le preguntó por su vida sentimental y le pidió que adelgazara cinco kilos, entre otras cosas.

Además de la justicia administrativa, también la ordinaria se está ocupando de estos presuntos hechos y la Fiscalía de Piacenza (norte), Bari (sur) y Milán (norte) indagan ya en los mismos. EFE