El ministro de Economía, Carlos de la Torre, indicó tras las críticas al solo constar inicialmente 100 millones de dólares en la cuenta, que el retorno de los fondos se había hecho en dos transferencias.

El ministro explicó que se realizaron dos depósitos, uno por $100 millones, el 9 de enero, y otro por $200 millones el 10 de enero, pese a que en los reportes de la cuenta se registran fechas distintas.

La mañana de ayer, De la Torre mantuvo una reunión con el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el asambleísta manabita Carlos Bergmann.

En esa cita, el funcionario explicó que el uso de los $300 millones responde a que “los flujos a la caja fiscal (como ventas petroleras y exportaciones) no llegaron según lo previsto por efectos de diciembre a escala internacional”.

La demora en la recepción de esos rubros generó una necesidad de liquidez en la Cuenta Única del Tesoro, indicó De La Torre. “Por eso acudimos a estos recursos disponibles, el 27 de diciembre. Si existen necesidades de pago, se realizan con recursos que se obtienen de otras cuentas”, manifestó el ministro, quien agregó que ese mecanismo se ha utilizado antes.

Pese a que la devolución finalmente se hizo efectiva, el uso de los recursos  sigue generando reacciones.

CRÍTICAS. El exasambleísta Leonardo Viteri indicó que desde el inicio los manabitas pidieron que esos fondos fueran a una cuenta intocable, a un fideicomiso.

“La máxima autoridad de elección popular en la provincia, me refiero al prefecto Mariano Zambrano, no dice ni una sola palabra en defensa de los intereses de Manabí”, reclamó Viteri.

Fressia Villacreses, presidenta de la Comisión Nacional Anticorrupción, (CNA)-capítulo Manabí-, instó a los asambleístas manabitas, a las autoridades de la provincia y a los ciudadanos a pronunciarse sobre lo que calificó de “un atropello” sufrido para Manabí y Esmeraldas. “Esta arbitrariedad y este engaño es una provocación al pueblo, no se cansan de seguir mintiéndonos”, indicó Villacreces.

En un comunicado se hizo saber que la CNA-M resolvió invitar al presidente Lenín Moreno, a la vicepresidenta María Vicuña y a los legisladores de la provincia  a una reunión de trabajo para el viernes 18 de enero, con el objetivo de evaluar el proceso de reactivación económica post terremoto.

La exconcejal Ana Pilay pidió que las organizaciones sociales y los manabitas elaboren un manifiesto para que el Gobierno sancione el uso indebido de los recursos.

El político Enrique Villavicencio consideró que el primer mandatario debería cesar de sus funciones al ministro. “Los asambleístas y todas las autoridades deberían, de alguna otra manera, velar por los intereses y hacer defender los intereses de Manabí”, dijo el exlegislador Roberto Rodríguez.

El analista político Roosevelt Cedeño manifestó que son los asambleístas los que deben llamar a cuentas al ministro de Finanzas y a las autoridades del Comité de la Reconstrucción para que justifiquen el uso de estos recursos.

La legisladora de CREO, Rina Campain, insistió en la necesidad de iniciar un juicio político contra el ministro. “El indicio de peculado está claro. Esto no es un negocio personal o privado donde él pueda mandar los recursos que a él le parezca”, dijo.

CARTA. Teleamazonas informó que el secretario del Comité de Reconstrucción, Carlos Bernal, envió una  carta al ministro de Finanzas para recordarle que la falta de liquidez en el flujo de planillas había paralizado obras como la construcción de acceso a Bahía de Caráquez y el puente sobre el río Jama en el segundo semestre del año 2017.

Además, indicó que las entidades contratantes que cuentan con recursos de la Ley de Solidaridad sufrieron recortes presupuestarios.