“Se pronuncia por la constitucionalidad del pedido y declara la admisibilidad del mismo”, reza el dictamen de la Constitucional sobre el expediente, antes de notificar al presidente de la Asamblea, José Serrano, que puede avanzar en el trámite, que podría concluir con la inhabilitación del dignatario.

El juicio político es un mecanismo recogido en la Constitución y destinado a inhabilitar a un político por diferentes motivos, entre ellos, por haber cometido delitos contra la seguridad del Estado, de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.

El pasado 13 de diciembre Glas fue sentenciado en primera instancia a prisión por la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en un caso en el que fue acusado de un delito de asociación ilícita en la trama de sobornos de Odebrecht.

Aunque ese delito no está entre los previstos por ley para un juicio político, la sentencia judicial recogía las sospechas de que podría haberse visto involucrado en otros de peculado, concusión y cohecho y solicitó a la Fiscalía General que investigara los indicios.

Algunos juristas consideran que esa referencia en la sentencia ha sido razón suficiente para iniciar un juicio político o moción de censura parlamentaria en su contra.

PLAZOS. Tras la resolución se abre un plazo de cinco días para que se remita el dictamen del juez constitucional Manuel Viteri a la Comisión de Fiscalización y Control Político del Legislativo -que deberá iniciar el trámite de sustanciación del caso-, en paralelo a la remisión a la defensa del vicepresidente de la notificación para que pueda presentar pruebas en su descargo.

La Comisión está integrada por doce asambleístas y dirigida por la oficialista María José Carrión.

La mesa legislativa también está integrada por dos asambleístas manabitas, Karla Cadena y Daniel Mendoza.

Si se cumplen los plazos estipulados, el llamamiento a juicio político llevaría alrededor de 17 días, según explicó el experto constitucionalista Jorge Benavides.

El pronunciamiento de la Corte Constitucional era vital para que la Asamblea pudiera albergar el proceso de juicio político antes del próximo 2 de enero, plazo en el que se activará el trámite de destitución del vicepresidente por abandono del cargo.

Tras el ingreso del vicepresidente en prisión preventiva el 2 de octubre por su implicación en la trama de Odebrecht, el mandatario Lenín Moreno encargó la Vicepresidencia a María Alejandra Vicuña en tanto se prolongara la ausencia de Glas, plazo que de acuerdo con la ley, dura un máximo de 90 días.

RECURSO. En paralelo, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) rechazó ayer un pedido de suspensión condicional de ejecución de la pena impuesta al vicepresidente.

La Fiscalía General del Estado indicó en su cuenta de Twitter que la Corte acogió su pedido y rechazó la solicitud por “no cumplir con lo dispuesto en el Art. 630, numeral 1 del COIP, es decir, que la pena privativa de libertad no exceda de cinco años”. 

“Es una barbaridad jurídica lo que hizo el tribunal, que en base al primer requisito no se cumple, cuando en realidad sí se cumple”, afirmó Eduardo Franco Loor, abogado del vicepresidente.

“El vicepresidente acudirá a las instancias internacionales, habrá momento que se hará justicia”, acotó el letrado.

En la misma audiencia, otro de los detenidos por el mismo caso Gustavo M., sentenciado a 14 meses de prisión por el mismo delito, desistió del solicitar la suspensión condicional de la pena y abandonó la sala de audiencia de la Corte.