"Dejamos perfectamente claro que en este país se ha contravenido la Constitución, se ha violado claramente la Constitución en la medida en que el presidente de la República saltándose a la Corte Constitucional ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) llamar a la consulta popular", manifestó Patiño en rueda de prensa en la sede del movimiento de izquierdas Alianza PAIS en Quito.

El excanciller, una de las caras visibles del ala correísta del movimiento gubernamental Alianza País, censura que tanto la forma en que se promovió la consulta, mediante decreto, así como que el Constitucional no haya revisado a posteriori las preguntas, vulneran el reglamento establecido.

Y señala que el propio Moreno conocía que la Corte había fijado el 5 de diciembre el análisis de la consulta en el Pleno.

Patiño apela al máximo órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) a que analice la cuestión, convoque a su Consejo Permanente y active la Carta Democrática y que "se exprese" y "manifieste su preocupación".

El secretario general del organismo, Luis Almagro, informó de la denuncia a través de su cuenta de Twitter, y añadió que la OEA realizará un informe técnico jurídico sobre la situación institucional del país andino.

El documento únicamente contiene la firma de Patiño, si bien el exministro aclaró que "cualquiera podría haberlo hecho, es una denuncia que yo he firmado pero que la hemos presentado en conjunto", aludió a una reunión que mantuvieron esta semana en Panamá, Correa y él mismo con Almagro.

En el escrito de 14 páginas dirigido al secretario general de la OEA, denunció "los hechos acontecidos en la República del Ecuador, desde el día 2 de octubre en adelante y hasta el presente", que califica de "alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en el país".

Moreno anunció el 2 de octubre una consulta popular que incluía siete preguntas, cinco de ellas reformas a la Constitución, después de haber pedido a la ciudadanía que hiciera llegar sus inquietudes y mantenido reuniones con organizaciones sociales, políticas y de otra índole.

En el documento precisa cómo el presidente no esperó a que se cumplieran los plazos previstos para que el Tribunal Constitucional ecuatoriano avalara la consulta y referendo, convocados para el próximo 4 de febrero.

Argumenta que Moreno conocía que vencían el pasado 7 de diciembre y "de forma malintencionada por decreto ejecutivo transgreden la Constitución y convocan al ilegal referéndum y consulta".

Sugiere que el hecho de que medios de comunicación y redes sociales informaran de que una de las juezas que debía sustanciar la validación de las preguntas -previo paso a su aprobación-, expresara que algunas de ellas, en concreto las 2 y 3 podrían contravenir la Carta Magna, pudo derivar en la precipitación de los hechos que acontecieron.

El mandatario informó el 29 de noviembre mediante dos decretos ejecutivos, el 229 y el 230, de la convocatoria al pueblo a la consulta popular, después de contar con el aval de la secretaria jurídica de la Presidencia de la República, Johana Pesántez.

Los argumentos jurídicos para justificar la decisión fueron que al no manifestarse el Constitucional sobre el asunto en el plazo de 20 días tras ser presentado a esa instancia, la legislación contempla que se puede interpretar ese silencio como una aprobación de facto, además de citar un precedente similar del año 2011.

Ese mismo día, el Consejo Nacional Electoral, con una nueva directiva, Nubia Villacís, aceptó de conformidad los decretos y anunció que se inicia el período electoral.

La consulta ha obtenido un amplio respaldo de la sociedad ecuatoriana, aunque cuenta con la fuerte oposición de los seguidores de Rafael Correa, quien la ha calificado de "golpe de Estado" y está en contra de la pregunta que plantea derogar una enmienda constitucional para impedir la reelección indefinida.

Entre otras cuestiones, la consulta abarca la lucha contra la corrupción, la derogación de la reelección indefinida, asuntos medioambientales, minería y la no prescripción de los delitos sexuales contra menores. EFE