Con esto, el Estado se queda sin representación en este caso. Ya no podrán presentar pruebas o interrogar a los procesados, informó diario El Comercio.

Aníbal Quinde, abogado de Ricardo R., fue quien pidió al Tribunal que tomara en cuenta la ausencia de los abogados de la Procuraduría.

Édgar Flores Mier, presidente del Tribunal, verificó que no llegaron a tiempo y ordenó el abandono de la acusación particular.

La Procuraduría pidió la revocatoria de la decisión, pero la solicitud fue negada.

César Montúfar, quien también interviene como acusador particular, dijo que es “muy grave” que se haya declarado en abandono la acusación particular de la Procuraduría. 

“Ellos representan los intereses del Estado. En este momento el Estado ecuatoriano está sin representación y eso traerá enormes consecuencias sobre la petición de reparación integral (indemnización). La función principal de la Procuraduría era exigir la devolución de los fondos (de la trama de sobornos de Odebrecht)”, explicó Montúfar.

INÉDITO. El jurista Edison Cevallos dijo a El Diario que este es un hecho inédito, “un acto inexplicable” que puede afectar seriamente a la Procuraduría. 

Señaló que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  es el organismo que debería tomar alguna medida frente a esto.

En un comunicado, la Procuraduría rechazó la actuación del Tribunal e informó que se analiza la actuación del delegado para la acusación particular en este caso.

PERITOS. La Fiscalía General del Estado realizará una investigación sobre un posible fraude procesal al perito Luis Hurtado.

Hurtado elaboró un informe sobre que el dispositivo de memoria entregado a la Fiscalía por Alfredo A., excolaborador de Ricardo R., tío de Glas, carece de confiabilidad y originalidad, aseguró Eduardo Franco Loor, defensor del segundo mandatario.

El perito rindió su testimonio, solicitado por Glas, el pasado viernes, pero no se le permitió referirse al informe elaborado.

El fiscal Carlos Baca indicó que una parte de ese testimonio se ha filtrado en redes sociales, por lo que el juez Édgar Flores, presidente del Tribunal, pidió a Baca iniciar la investigación por posible fraude procesal.

Hurtado reaccionó: “Les recuerdo que cualquier abogado puede pedir copias del informe, es público. Cumplí con mi trabajo, eso no es delito”, afirmó.