En los últimos años la atención del gobierno a los establecimientos educativos se había centrado en la protección al acecho que los traficantes de drogas mantenían sobre estos, para inducir a los menores de edad al consumo de alucinógenos y someterlos al terrible calvario del mundo de la drogadicción.
Las medidas establecidas como que menguaron ese acoso al estudiante y el comercio clandestino, que, increíblemente, casi de manera pública lo hacían los corredores de la sustancia prohibida alrededor de los edificios de escuelas y colegios.
Sin embargo, hacia dentro de las entidades, otro flagelo, no menos grave, ha estado sucediendo, afectando física, moral, mental y espiritualmente a los alumnos de determinados planteles educativos.
Mentes perversas, aprovechando sus condiciones de profesores han ofendido la dignidad de escolares mediante el abuso sexual, infringiendo severos daños físicos y psicológicos a niños y niñas de escasos años de vida.
Esta aberrante acción debe ser ejemplarizadoramente sancionada, aplicando el máximo de las penas a sus autores, cómplices y encubridores, pues actos denigrantes como este deben ser cortados desde sus raíces.
Se espera que las investigaciones sean no sólo facilitadas sino extendidas a todo el país, ampliando el abanico para que sigan denunciándose todos los actos degradantes y denigrantes, en cualquier lugar donde se los haya cometido y se mantengan en la impunidad.
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