El mandatario considera que la Corte Constitucional (CC) excedió los plazos, para lo cual recordó que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional da un término de 20 días para que se emita un dictamen. 

La ley está en vigencia desde el año 2009. Fue impulsada por el Ejecutivo, encabezado por Rafael Correa. La aprobó la mayoría de Alianza PAIS.

La propuesta de las preguntas fue enviada por Moreno el 2 de octubre a la CC y admitida a trámite el 4 de ese mes.

En los decretos, el mandatario dispone notificar al Contralor del Estado para que se proceda, según el caso, a imponer las sanciones administrativas a las que hubiera lugar, individualizando las responsabilidades correspondientes.

Johana Pesántez, asesora de la Presidencia, acudió ayer al Consejo Nacional Electoral (CNE) para entregar los decretos 229 y 230, en los que constan la convocatoria y las preguntas.

Legalmente, ahondó, el Gobierno debe entender por “omisión” que el tribunal ha emitido un “dictamen favorable” si a los veinte días de la presentación de la petición no se ha pronunciado.

Recordó el caso en el 2011 del cantón La Concordia (en la provincia de Santo Domingo), donde se celebró una consulta por la misma vía y procedimiento y bajo los mismos argumentos.

LLAMADO. “He enviado al CNE los Decretos Ejecutivos 229 y 230 convocando a la consulta popular”, adelantó Moreno antes de que Pesántez entregara al mediodía los documentos al secretario del CNE, Fausto Holguín.

Según los plazos establecidos en la ley, el CNE tiene de plazo 15 días para poner fecha a la consulta, que deberá celebrarse no más allá de los 60 días a partir la convocatoria.

Si se cumplen los plazos, debería celebrarse a finales de enero o principios de febrero.

REACCIONES. En la CC no hubo respuestas a las preguntas de los periodistas sobre la decisión de Moreno.

Ecuavisa mostró imágenes en las que un periodista le preguntó a la jueza Tatiana Ordeñana, quien dirigía una audiencia para conocer los recursos amicus curiae, en los que ciudadanos presentaban sus puntos de vista sobre la consulta, una vez que se conoció sobre la firma de los decretos. Ella no respondió y los reporteros fueron desalojados de la salas.

Quienes sí reaccionaron fueron los que habían asistido. Virgilio Hernández, exconsejero de Moreno, dijo: “De las mangas se han sacado un argumento de que el Consejo Nacional Electoral podría convocar a consulta popular sin esperar el dictamen de la Corte”. Recalcó que la Constitución manda que se tenga el dictamen de la CC.

Diego Borja, exasambleísta constituyente, mencionó que “no podemos esperar los ecuatorianos a estar en indefensión si a los jueces se les ocurre alargar los plazos”. Defendió a la consulta como un elemento de participación de los ciudadanos.

En la Asamblea Nacional, entre tanto, se debatía la Ley de Reactivación. El tema no fue indiferente para los legisladores, que reaccionaron en diversas formas.

Soledad Buendía, del bando correísta de Alianza PAIS, dijo que se trata de una “grave violación al estado de derecho” pues, señaló, se viola el artículo 104 de la Constitución.

Elizabeth Cabezas, del ala morenista de AP, comentó que “todo va a ser cuestionado  cuando viene del Gobierno de Lenín Moreno (...). Él ha sido una persona extremadamente respetuosa de los plazos”.

El socialcristiano Luis Fernando Torres comentó que la decisión de Moreno es legal. “El presidente puede directamente convocar a consulta popular por haber fenecido el plazo que tenía la Corte Constitucional”.

Los legisladores de la facción correísta dijeron que Moreno se está arrogando funciones, por lo que anunciaron que emprenderán acciones dentro y fuera del país.