Estuvieron representantes agrícolas, destacándose la presencia del nuevo ministro de Agricultura economista Rubén Flores, del presidente municipal, del director general de INIAP y otras autoridades ministeriales. Se hizo  entrega formal de 140 líneas arroceras mejoradas, todavía incipientes pues apenas son el resultado de cruzamientos intervarietales en su primera fase, denominada F1, base para continuar los ensayos seis o siete veces más (F6 o F7), que requeriría por lo menos cinco años hasta lograr una nueva variedad de deseables rendimientos y calidad, reclamados por el  cultivador de arrocero.

De la intervención del ministro conviene resaltar conceptos  que apreciamos serán parte de su política frente a la  gramínea. Habló de la necesidad de planificación, a mediano y largo plazo, que defina volúmenes y períodos de siembra y a quien vender los excedentes, pues no somos competitivos por baja productividad frente a los países vecinos, rasgo característico de las cosechas nacionales, agravada en el hecho, de no tener moneda propia, mientras los competidores Perú y Colombia devalúan como medida de defensa comercial. Ratificó la decisión  de combatir el contrabando, con todos los mecanismos que la ley permite

No comparte “políticas clientelares”, como la entrega de kits de insumo subsidiados, lo cual deja sin piso a uno de los ejes de la llamada minga agropecuaria, expuesta por su antecesora, teniendo como testigo al presidente Moreno, en acontecimiento multitudinario, el mes pasado en Quevedo. Dispuso el trabajo conjunto de INIAP con el novel centro de investigación, a la vez que le encargó definir las diferencias de rendimientos entre sus variedades y las que se produce en las áreas lojanas.

Se  vislumbra una nueva etapa esperanzadora en la acción de la cartera agrícola, quedando el agridulce sabor de la ratificación del actual director general de INIAP, cuando no ha respondido por los errores que han predominado en su gestión, ni ha esclarecido los “arboricidios” de teca y guayacán en las estaciones de Pichilingue y Santo Domingo, públicamente denunciados.