El punto de encuentro de la movilización fue el parque El Arbolito, en Quito. Desde allí, los representantes de las 23 prefecturas del país, acompañados de trabajadores de los Gobiernos Autónomos y Descentralizados provinciales, salieron rumbo a la Asamblea Nacional.

La prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, manifestó que  con esa reforma se busca dividir al país “en lo urbano y rural”. 

Con ella concuerda el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, quien rechaza la propuesta y exhorta a la población a ser solidarios.

La tónica en la jornada, tanto de los asistentes como de las autoridades, fue catalogar a la propuesta como separatista y asegurar que no tiene el respaldo de todas las juntas parroquiales.

Serrano. Al llegar a la Asamblea, su titular, José Serrano, ofreció reconsiderar la norma en el Consejo de Administración Legislativa (CAL). “Esta semana, seguramente el jueves, tendremos CAL y procesaremos la reconsideración planteada”, dijo Serrano.

El titular de la Asamblea también determinó un plazo para que el diálogo con prefectos, alcaldes y miembros de juntas parroquiales genere una propuesta para fortalecer su trabajo. 

“De aquí a 90 días, a 120 días máximo, para generar la normativa que requieren los consejos provinciales, las juntas parroquiales y los municipios de manera conjunta”, agregó Serrano.

Presidente. Posteriormente, la marcha de las prefecturas se dirigió al Palacio de Carondelet para pedir respaldo y darle también su apoyo a la consulta popular al Presidente Lenín Moreno. 

El mandatario se reunió con los funcionarios, pero no profundizó sobre este tema y dijo que tampoco está de acuerdo con la propuesta, según medios nacionales.

En un discurso ante los trabajadores que asistieron a la manifestación, Moreno defendió el contenido de las siete preguntas de la consulta popular.