Por esta razón se incorporó la llamada Auditoría de Gestión, que es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el control interno, la gestión, el desempeño de una institución, ente contable o la ejecución de programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a principios y criterios de economía, efectividad y eficacia.

En diciembre del 2015 la Asamblea Nacional reformó, no enmendó, la Constitución en sus artículos 211 y 212, numeral 2, eliminando la Auditoría de Gestión aduciendo que, en la historia del constitucionalismo ecuatoriano, siempre se ha concebido que la naturaleza de la contraloría como órgano de control es de fiscalización y de contabilidad de recursos. Se argumentó también que jamás se definió a la Contraloría como un órgano encargado de la revisión de la gestión o de la consecución de los objetivos institucionales del Estado.

Esta actitud de los Asambleístas (AP) de esa época y los de ahora, tenían calculado esta reforma constitucional; sabiendo que la fiscalización se vendría, por lo que era necesario blindarla. Cuando expidieron la Constitución del 2008 jamás se les ocurrió este argumento; tampoco reformaron la L.O.C.G.E, tuvieron un gran aliado como el excontralor que jamás se opuso a este retroceso administrativo. Argumentaron también que el Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva y es el responsable de la Administración Pública y que dicha responsabilidad obliga al Ejecutivo a desarrollar procesos de Control de la gestión.

Estos argumentos que constan en la historia parlamentaria reciente, es una demostración palmaria que los Asambleístas pretenden impedir conocer cómo se manejó la administración pública, de cómo se endeudó el estado superando el 40% que la ley señala. Toda persona por sentido común conoce que la Contraloría General es un órgano autónomo, aunque en esta década hayan tenido un aliado de la corrupción, aun así es autónomo, porque el control de los recursos y bienes públicos gestionados por sus funcionarios deben ser controlados; imagínense ustedes el control de gestión que hizo el ex presidente Rafael Correa sobre sus funcionarios con los despilfarros que brotan a la luz pública todos los días.

El pueblo le pidió al Presidente Lenín Moreno que señale el valor de la deuda externa e interna y así lo hizo, evidenciando que esta asciende a cincuenta y seis mil millones y no veinte y seis mil millones de dólares como declaró el expresidente; ahora es necesario un informe amplio con los comentarios, conclusiones y recomendaciones pertinentes. Sin embargo, no entiendo cómo el Presidente Moreno puede esperar que se conozca la realidad si en el área económica siguen los mismos funcionarios del anterior gobierno. 

Los Asambleístas pretenden enjuiciar al Contralor Pablo Celi; impidamos que ocurra y que éste realice su labor fiscalizadora. Ni fiscalizan ni dejan fiscalizar.