Hay indicios no solo para la Asociación Ilícita (Art. 370 del COIP), delito de menor relevancia en comparación con los que parecería no desean hacer nada, como es el caso de Delincuencia Organizada (Art. 369 del COIP), Peculado (Art. 278 del COIP), Enriquecimiento Ilícito (Art. 279 del COIP), Cohecho (Art. 280 del COIP), Concusión (Art. 281 del COIP), Tráfico de Influencias (Art. 285 del COIP), Testaferrismo (Art. 289 del COIP), Lavado de Activos (Art. 317 del COIP), entre otros.

¿Cómo entender que quien tuvo todo el poder político y administrativo del Estado, y hasta el manejo de todos los recursos económicos en sus manos, como es el caso del Eco. Rafael Correa, y quien nombró a todos los ministros de Estado –sin excepción alguna-, así como a todos los miembros de todos los Directorios de todas las Empresas Públicas del Ecuador durante la última década, al tenor del Art. 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que son quienes autorizaron todas las contrataciones, siguiendo las instrucciones, autorizaciones y políticas del Presidente y Vicepresidente, no tengan ninguna responsabilidad jurídica; y para ellos no se aplique lo determinado en el Art. 42, numeral 1, literal b, del COIP, que establece que son autores directos de los delitos: “Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo”?

¿Quién no sabe que los Estados de Emergencia para contratar en forma directa y sin concurso fueron decretados por el Presidente? ¿Quién envió el proyecto y puso el ejecútese en la Ley de Contratación que eliminaba los análisis previos y durante la construcción a cargo de la Contraloría? ¿Quién anuló la capacidad de fiscalización y control político mediante la toma con procesos electorales turbios de la mayoría de la Asamblea Nacional? ¿Quién anuló la capacidad de control político de la Comisión de Fiscalización, de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Fiscalía General y hasta del Consejo de Participación y Control Social?

¿Quién asaltó políticamente la Administración de Justicia, violando el Art. 168 de la Constitución y un proceso electoral en el que aparecieron 1´229.330 electores fantasmas, en la “Consulta” del 7 de mayo del 2011 para ese efecto, para con ella subordinada perseguir de manera implacable a todos los críticos y fiscalizadores al régimen como, entre otros, sucedió con Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio, Galo Lara, Fernando Balda, y los miembros de la Comisión que investigó los contratos con su hermano Fabricio, presidida por el Ing. Chambers?

¿Quién patrocinó el envío y ejecútese de leyes para el blindaje de los responsables de hechos irregulares, así como para la eliminación calculada de determinados delitos? ¿Quién propició el corte de atribuciones constitucionales de la Contraloría? ¿Hasta cuándo el encubrimiento?