En el año 2010 se convocó a Consulta Popular para que el pueblo se pronunciara reformando el Consejo de la Judicatura, que se integraría por cinco delegados y sus respectivos suplentes, quienes serían elegidos por ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por el Fiscal General del Estado, por el Defensor del Pueblo, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional. Pero antes de ello, durante 18 meses, un Consejo de la Judicatura de transición, conformado por tres delegados designados por el presidente de la República, otro por el poder Legislativo  y otro por la función de Transparencia y Control Social, hicieron durante ese lapso lo que quisieron con jueces y funcionarios honestos, a pretexto de reestructurar dicha función Judicial.

El expresidente Rafael Correa dijo en aquella época: “Claro que vamos a meter las manos a la justicia”, evidenciando que lo señalado en el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, sobre la política de independencia, era una burla para el pueblo ecuatoriano; que lo señalado en el artículo 8 del mismo cuerpo legal en cuanto al Principio de Independencia era una falacia; para engañar a los organismos internacde derechos humanos, pero casa adentro era una hipocresía. 

Pero este cuento jamás lo aceptamos, tanto que hasta el propio Baltazar Garzón, juez español que trajeron para transparentar el proceso revolucionario de la justicia, se retiró del país diciendo que los jueces que conformaron la Corte Nacional de Justicia fue a través de un concurso mañoso, trucho del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Han pasado siete años desde que la justicia ha estado en manos del Ejecutivo, siete años donde los jueces, intimidados unos, destajeros otros, inescrupulosos muchos, han actuado sirviendo a la revolución ciudadana, a sus dignatarios, funcionarios, asambleístas, todo lo cual debe terminar ya. La justicia administrativa ha dejado de ser tal, al extremo que hoy ganar un juicio al Estado es casi como ganar la lotería.El Presidente Lenín Moreno ha dicho que un dignatario no debe enviar dictámenes a los funcionarios del Estado; ha señalado que la función Judicial debe ser independiente, declaración que la aplaudimos. Pero le pedimos que dé señales de que anhela que aquello se cumpla; una de ellas puede ser que de manera inmediata retire al delegado de la Función Ejecutiva del Consejo de Judicatura. “Del dicho al hecho”.