Los informes indican que en los últimos diez meses, pese a la cuantiosa inversión realizada, la refinería ha sufrido nueve paralizaciones no programadas. Y, según el gobierno, con cada día de suspensión el país pierde 1,2 millones de dólares.

Las irregularidades, de haberlas, no pueden dejarse pasar porque se trata de fondos de un Estado en situación de crisis que bien pudieron destinarse a atender a otros sectores de la economía. La Asamblea Nacional, la Contraloría y las veedurías deberían emprender las indagaciones en forma objetiva y neutral, despojadas de cualquier interés, y que lo que predomine sea el afán de justicia.

Es innegable que los cambios en la conducción política del país y las denuncias por casos de corrupción resaltan por estos días en el panorama nacional. No se trata de meros escándalos; son señalamientos serios que implican a funcionarios y exfuncionarios que manejaron recursos públicos.

Frente a esto, el país requiere transparencia y verdad. Que sean estos los cometidos de quienes manejan justicia y de los entes llamados a investigar.