Allí la Comisión Interamericana  del Atún  Tropical (CIAT), ente regulador de la pesquería del atún, trató la posibilidad de declarar una veda de más de cuatro meses porque la flota de los 21 países que pesca en el Océano Pacífico Oriental (OPO) había cumplido hasta mediados de julio de este año el 85 %  del límite de captura de las especies aleta amarilla y patudo que es de 191.711 toneladas.

Drouet dijo que los ocho días en México fueron cruciales porque se estaba jugando la suerte de la cadena productiva del atún y la economía de Manta y del país.  

“Hubo días que la madrugada nos sorprendió reunidos en la CIAT, pero finalmente ganamos la lucha  junto al sector  extractivo y la industria de atún, justificando la necesidad de tener  la veda compartida”, anotó.

Regulaciones. Luigi Benincaza, representante de la flota atunera, dijo que fue preferible el incremento de 62 a 72 días de veda, que enfrentar una prohibición prolongada de casi cinco meses. “Esto sería el acabose para el sector atunero, que enfrenta  compromisos  económicos con la banca y su tripulación”, declaró.

Mónica Maldonado, delegada  ante la CIAT por los industriales, señaló que tras la reunión,  hay alegría en la industria  y sus proveedores. El nerviosismo quedó atrás y ahora  hay que cumplir con los compromisos que a más de  la veda compartida, se suman nuevas regulaciones, como la reducción de los plantados para preservar  el recurso, señaló.

Los plantados  son estructuras   de bambú  con mallas biodegradables y carnadas que son ubicadas  a través  de una boya  satelital.

La CIAT acordó que los  barcos de más de 1.200 toneladas métricas sólo pueden colocar 450 plantados.  Los de  1.200 toneladas hacia abajo tienen la opción de 300 plantados. Actualmente hay 34 barcos de un total de 114 que iniciaron la veda el 29 de julio hasta el 8 de octubre. La segunda veda será a partir del 9 de noviembre de este año, indicó Jorge Contain, subsecretario de Pesca.

Por el puerto de Manta se descargan alrededor de 200 mil toneladas de atún cada año.