Así como también por la nota emitida el día 22 de julio de 2017, con el titular “Junta Cívica exige la presencia de Bernal en la Asamblea Nacional”, en la que se menciona: “Fressia Villacreses, de la Junta Cívica Anticorrupción de Seguimiento a la Reconstrucción de Manabí, resolvió solicitar a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Político Legislativo, que se invite a Carlos Bernal para que presente un informe con los soportes contables, de ingresos y egresos de los recursos invertidos en la reconstrucción”. 

En el texto que se reproduce dando paso a su pedido, el funcionario no se pronuncia sobre el nuevo informe que debe presentar a la Asamblea Nacional.

EL TEXTO DE RÉPLICA. “Es importante recalcar que el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva ha cumplido con la entrega de los informes trimestrales a la Asamblea Nacional, mediante la Secretaría Técnica, acorde a lo señalado en la tercera disposición general de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, los tres primeros se presentaron el 26 de agosto de 2016, el 25 de noviembre de 2016; y el 22 de marzo de 2017, los cuales fueron recibidos a satisfacción por el Legislativo”.

“Las versiones digitales de estos informes están también publicados en nuestra página web, los cuales son de acceso para toda la ciudadanía. Esta entidad ha realizado oportunamente los informes cumpliendo no solo con la tercera disposición general de la Ley de Solidaridad, sino también con los artículos 6 y 7 del Decreto Ejecutivo 1004 y la vez esta Secretaría, con el fin de transparentar el uso de los recursos en beneficio de los afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016, presentó también la asignación de los recursos provenientes no solo de la Ley de Solidaridad como lo ordena la ley, sino también de los recursos provenientes de otras fuentes de financiamiento”.

“La información del manejo de los Recursos de la Ley de Solidaridad ha estado siempre publicada y con acceso libre en el portal institucional del Ministerio de Finanzas”.

“El informe trimestral se nutre de los datos remitidos por las distintas entidades involucradas en el proceso de la reconstrucción, esta información se valida y consolida. Por eso solo puede ser culminado una vez se recepte y procese la información de todas las instancias involucradas”.

“Teniendo en cuenta que la Ley de Solidaridad tuvo una vigencia de un año y el SRI emitió el detalle correspondiente a la recaudación de fondos el pasado 11 de julio de 2017, mismo que se encuentra en revisión y será entregado a la Asamblea Nacional en los próximos días”.

“El Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva continúa trabajando por cumplir con el compromiso del Gobierno Nacional, planteado en el Plan de Reconstrucción y Reactivación Productiva post terremoto donde detalla por cada eje de acción y sector los proyectos, inversión y cronogramas de entrega, entre otros. Este documento también es público y ha sido socializado mediante medios de comunicación masivos y digitales, para informar la gestión que se realiza por parte de las entidades ejecutoras, según su ámbito de competencias.

Es importante destacar que el Plan de Reconstrucción lleva apenas un año de ejecución y se ha previsto que dure 4 años, para poder cumplir con lo planificado, a pesar de ello se han priorizado los sectores más vulnerables para obras que permitan construir y/o reconstruir las obras necesarias y reactivar la economía local de las zonas más afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016”.

“En relación a la solicitud que manifiesta por parte de la Junta Cívica, cabe resaltar que no ha sido entregada ninguna solicitud formal de información a la Secretaría de Reconstrucción y Reactivación Productiva. En todo caso, la información ha sido remitida oportunamente y de manera transparente a la Asamblea Nacional tal y como lo estipula la ley, y es de acceso público a la ciudadanía”.

“Finalmente, es importante mencionar que existe una veeduría ciudadana, acreditada y reconocida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, colectivo que está constatando las obras de reconstrucción y reactivación productiva en las provincias de Manabí y Esmeraldas. La mencionada Junta Cívica está desconociendo el trabajo que se encuentra desarrollando la veeduría legalmente constituida, generando desinformación en la ciudadanía”, dice.