El pasado miércoles, una jueza ordenó la sustitución de la prisión preventiva dictada en el 2016 por la libertad con brazalete electrónico para Jiménez y su asesor, Fernando Villavicencio, acusados ambos de difundir información protegida por el derecho a la inviolabilidad y al secreto.

La medida se adoptó en ausencia de los acusados la semana pasada, entonces ambos prófugos de la justicia.

El exasambleísta, que calificó la medida como denigrante y se refirió al dispositivo como un “grillete” (arco para asegurar cadena al pie de un presidiario), dijo que aceptó su colocación para dejar la clandestinidad y poder ver a su familia, publicó la web elcomercio.ec.

El abogado de Jiménez, Julio César Sarango, aseguró que la medida no era aplicable. La tildó de injusta, porque con el “grillete” tiene un rango de movimiento limitado. 

No puede salir de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe. 

“En ninguna parte de la Ley o de la Constitución consta que le pueden limitar en un área”, sostuvo el abogado.

Jiménez reiteró que aceptó la medida para poder ver a su familia y estar con sus hijos.